Hartos de aguantar a los políticos-basura: la movilización obrerista de los "precarios" del siglo XXI

Indignación de los jóvenes investigadores por el desprecio del gobierno de Zapatero: "salarios" para estudiantes y rechazo a la contratación de trabajadores de la investigación

Se convocarán movilizaciones si el Gobierno y el PSOE siguen bloqueando la Proposición de Ley 125/14 y no adaptan la Ley de la Ciencia a la Carta Europea del Investigador

El Consejo de Ministros del viernes 29 de mayo de 2009 aprobó el Real Decreto 922/2009 (BOE núm. 131, de 30 de mayo) por el que se instauran las "Becas-Salarios" para estudiantes de grado universitario. Con esta medida, el Ministerio de Educación dirigido por Ángel Gabilondo instaura el "salario" para universitarios que estén cursando estudios superiores. Sin embargo, a los investigadores ya graduados les niega que sus retribuciones sean consideradas como "salario". Este nuevo atropello contra los investigadores ahonda el menosprecio hacia el colectivo por parte del Ministerio, que vulnerando el Estatuto de los Trabajadores, llega a ofrecer "becas para trabajar" que "son convocadas por organismos vinculados al Ministerio (...) donde los recién titulados pueden ser becados para trabajar"(1).

Los jóvenes investigadores están hastiados de la actitud del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que desde 2005 ignora las recomendaciones de la UE sobre la contratación de los jóvenes investigadores (2). Para mayor humillación, el Borrador del Anteproyecto de Ley de la Ciencia y la Tecnología plantea la contratación en prácticas "sin solución de continuidad", negando los más básicos derechos de los trabajadores.

Además, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Congreso lleva años retrasando injustificadamente la Proposición de Ley 125/14 (3) que permitiría acceder a la Seguridad Social a miles de jóvenes que trabajan como investigadores en Universidades y Centros de Investigación. Esta Proposición de Ley es la más antigua en estado de tramitación en el Congreso, fue aprobada por el Parlamento de Andalucía en 2003, y es la que más veces ha visto ampliado el plazo de enmiendas. De esta manera, el PSOE pone de manifiesto su nulo interés en considerar a los investigadores como trabajadores y la falsa apuesta por la I+D+i como motor del nuevo modelo productivo en España.


FJI - PRECARIOS denuncia públicamente el menosprecio del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE al trabajo que miles de investigadores realizan para el Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Consideramos inadmisible e intolerable un anteproyecto de Ley de la Ciencia contrario a las recomendaciones europeas. Si el Gobierno y el PSOE no incorporan la Carta Europea del Investigador o siguen retrasando la Proposición de Ley 125/14, SE PLANTEARÁN MOVILIZACIONES, ya que estas cuestiones son BÁSICAS E IRRENUNCIABLES PARA LOS JÓVENES INVESTIGADORES EN ESPAÑA.


(1)http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas/de-trabajo.html
(2)http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_es-en.pdf
(3)Proposición de Ley del Parlamento de Andalucía, relativa a modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores. http://www.precarios.org/Proposicion+de+Ley+Andalucia

Aviso a las politicas y a los políticos :

Cada día que en democracia seguimos sin derechos y explotados, somos más subversivas. Nadie jamás olvidará sus años sin cotización, sobre todo mientras si seguimos en pie (y envejecemos). Estáis construyendo vuestro fin.

¡Qué investiguen ellos! Al Congreso de los Diputados (ETT de investigación): ¡qué no nos ayuden!

El Observatorio de la Investigación en Aragón ha constatado que hay elementos suficientes para pensar que la apuesta de los políticos españoles no es la mejora de las condiciones de vida de los investigadores españoles. Tras una nota publicada por Europa press [1] uno puede darse cuenta de varias cosas, pero la principal es que en España parace que los políticos y los Congresos nos tratan a los investigadores y a los ciudadanos en general de "pobres de espíritu."

Pero cuando a un investigador, y a su Federación, se le dice que una "ayuda para la realización de tesis" no es en nada comparable a una "beca de investigación" y que son dos cosas radicalmente distintas, sinceramente, no sólo roza el insulto, sino que se define a la perfección qué entiende el Congreso de los Diputados por "tesis" y por "investigar."

Para empezar, consideran que hacer una tesis no es necesariamente investigar. Lo cual es bueno saberlo, ya que a todos los investigadores predoctorales no los van a considerar por igual. Al menos, unos, definidos como "realizadores de tesis," en el mejor de los casos, o como "ayudados," en el peor. No son ni investigadores, ni trabajadores, ni estudiantes, sino que hacen la tesis. En segundo lugar, esto implica que hay varios tipos de doctorandos: los que "investigan," y que por lo tanto reciben una "beca de investigación" y los que hacen la "tesis" y reciben "ayudas." Esta introducción de elementos atenta contra la pretendida igualdad que, en principio, se supone que se defendía en un Congreso de Diputados europeo. Donde se hacen las leyes, mejor aún, donde se ha hecho la ley que la Federación de Jóvenes Investigadores quería hacerles cumplir, primero, a ellos mismos. Así las cosas, en España hay dos clases de doctorandos reconocidos "congresualmente." Unos de primera y otros de segunda, en función del empleo de términos "beca de investigación predoctoral" (ya que eso dice el articulado del Estatuto del Personal Investigador en Formación)o "ayuda para la realización de tesis."

Se escudan diciendo, además, que ellos no dirigen las tesis, por lo tanto actuarían como la relación entre empresa que otorga y dirige un trabajo y la "empresa temporal," al modo de una ETT de investigación. Esta es la vocación del Congreso en cuanto a la investigación: desregularizar lo poco que estaba regulado, convertirse en una ETT de investigación, e investigar. Esto es aún más lamentable, creemos. Porque si vamos a la práctica, veremos que muchos de esos becarios tienen como única fuente de ingresos ese tipo de "ayudas." Así ocurre en numerosísimas ocasiones.

Por último, el ejemplo y la jurisprudencia que puede sentar este caso podría bien dar al traste con la esperanza de tener, algún día, a todos los investigadores e investigadoras con contratos. Si un Congreso que ha hecho la ley busca la manera de subvertirla... no hace falta ser un cerebrito, todas las abuelas lo dirían bien claro: "hecha la ley, hecha la trampa." Sus señorías -con sus servicios jurídicos expertos- saben, mejor que nadie, de este asunto. Para eso están alli. Para hacer la ley, y para hacer la trampa.

Llegados a este punto, es cuestión de preguntarse si los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados, apoyados por sus señorías -se entiende-, estaban estableciendo dos categorías de doctorandos al emitir esta respuesta o, simple y desgraciadamente, estaban maquinando cómo justifiar que no debían aplicar su ley. Tanto una opción como la otra nos augura años de calle -tanto laboralmente hablando como de lugar de expresión y parlamento alternativo-... Así las cosas, pensamos que es preferible lo siguiente:

- ¡Qué no nos ayuden!
- y ¡qué investiguen ellos!

PD: si eres joven investigador o investigadora, te gustan los idiomas y tienes una vocacion: lo mejor que puedes hacer es emigrar de este país. ¿Cuantas pruebas necesitas más?


[1] El Congreso responde a Jóvenes Investigadores que sus ayudas para tesis no implican cotizaciones a la Seguridad Social. MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

http://www.europapr ess.es/epsocial/ ciencia-00418/ noticia-congreso -responde- jovenes-investig adores-ayudas- tesis-no- implican- cotizaciones- seguridad- social-200811071 43353.html


"El Congreso de los Diputados precisó hoy, ante la denuncia de la Federación Jóvenes Investigadores (FJI) sobre un supuesto incumplimiento de la legalidad en sus ayudas a la investigación, que la Cámara no convoca becas de investigación, sino ayudas para la realización de tesis que, por tanto, no implican cotizaciones a la Seguridad Social, ni relación laboral con el Parlamento y ni siquiera exige la presencia en las dependencias de la institución.

La Federación Jóvenes Investigadores (FJI) anunció hoy su intención de llevar al Congreso ante la Inspección de Trabajo alegando que la Cámara Baja no aplica el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que establece dos años de beca con derecho a cotizaciones a la Seguridad Social, seguidos de dos años de contrato laboral (modelo 2+2).

Un portavoz oficial del Congreso precisó a Europa Press que la Cámara Baja no convoca becas como las reguladas en ese estatuto, sino que otorga unas ayudas para la realización de tesis doctorales. Por tanto, no caben cotizaciones a la Seguridad Social, ni contrato laboral alguno con la institución. De hecho, el Congreso no dirige las tesis ni requiere la presencia cotidiana de los beneficiarios en sus dependencias."

EL FIN DE LA PRECARIEDAD: por fin una solución (si el Parlamento no lo impide)

ABIJIA y el OBSERVATORIO DE LA INVESTIGACIÓN EN ARAGÓN apoyan esta proposición porque es de justicia.

Más información en: http://www.precarios.org/Proposicion+de+Ley+Andalucia

Donde no hubo becas, no habrá FPU ' s ni estancias breves

Este año parecía que no iba a haber Becas de Formación de Profesorado Universitario. Pero las habrá, aunque la convocatoria haya sido publicada tras el plazo legal que, en un principio, parecía imponerse el Ministerio, con mayúsculas. Los que deseen "estancias breves," estos esperarán todavía más.

El hecho de que éstas no exitan, implica una reducción de investigadoras e investigadores, futuros miembros o "miembras" de la comunidad científica. Hemos detectado, como investigadores que somos, que esto, al parecer no es nuevo en "democracia." En situaciones de crisis la democracia española, cual sastre, recorta un poquito por aquí y otro poquito por lo social. Como siempre.

En 1979 el rector de la Universidad de Salamanca, Julio Rodríguez Villanueva se lamentaba de que "existen hoy para todo el país menos becas para la formación de investigadores incluso que las propuestas en el cuarto Plan de Desarrollo. Entonces se proponían 4.000 y ahora son realmente del orden de unas mil" [1]. Estas palabras recogidas en el semanal comunista de Mundo Obrero, no medía más que el grado de democracia alcanzado durante la etapa de Adolfo Suárez. Aunque para ello se empleasen termómetros nostálgicos de los Planes de Desarrollo (que por cierto, el IV plan nunca se llegó a aplicar al morirse, entre tanto, el dictador).

Hoy el mundo obrero parece no sentirse preocupado por unas personas que no son, ni lo serán hasta entrado el tercer año, considerados como trabajadores. Pero más grave aún resulta ver que en periodos de crisis, aunque el ministro de economía de turno evite pronunciarla, los recortes siguen siendo en materia de investigación. Nos preguntamos, entonces, por qué es tan difícil investigar, y por qué siempre acaban pagando los más débiles. Termometro, éste, de nuestra "democracia."

[1] FERRANDEZ LALONDO, Pacho: « Energías alternativas (I): No hay soluciones únicas », Mundo Obrero Semanal, n° 25, mayo-junio 1979, p. 25.

Sobre responsabilidad en la investigación o "dejar escrito que hay cumpables."

La responsabilidad del intelectual y del científico es un tema que ha estado siempre de actualidad desde que la ciencia forma parte de la manera de organizar y comprender el mundo. A ello se han dedicado una cantidad ingente de libros de filósofos, escritores, literatos, científicos, médicos, etc. Aunque no nos interesa adentrarnos en esto, ha de tenerse en cuenta que el científico es en sí mismo, y siempre ha sido, parte de una sociedad o grupo humano concreto. En su creatividad reposa ciertos aspectos de la vida de otros. Su quehacer influye por tanto, directa o indirectamente, en los otros humanos y otros organismos que necesita para vivir, aunque a esto no le dedique reflexión alguna.

La ciencia española actual adolece de una serie de problemas estructurales serios y graves que han de ser tenidos en cuenta en todos los grados de investigación distintos. Existe una masa ingente de investigadores e investigadoras precarias que se ven forzad@s, no sólo a investigar sino, también, a modificar las condiciones de investigación. Esta masa ingente de precarios y/o becarios están bajo la responsabilidad del profesorado universitario –lo que a menudo se echa al olvido– y de los organismos que financian la investigación, sean públicos o privados. Ni unos ni otros parecen sentirse preocupados –salvo excepciones notorias. Voilá la cruel realidad. El problema que se nos plantea es bien sencillo: se trata de saber cómo atajarlo, de qué manera colectiva o individual se puede acabar con este daño colateral al investigar. Negarse a dirigir una tesis sin posibilidades de financiación, sería, por ejemplo una buena manera de comenzar a preocuparse por ello. Pero se tiene miedo a que salga a la luz unos números tan escasos de investigación digna. Es una de nuestras vergüenzas mejor escondidas. También, ocupar con responsabilidad un cargo de presidente de una institución de investigación debería obligar a pensar en la situación sociolaboral del becario. Pero, sin embargo, la ausencia de responsabilidad es la norma. Dejar constancia de la precariedad laboral en cada obra publicada bajo esas condiciones, sería también una actitud responsable para con los becarios que la sufren y que casi nadie está al corriente. Pero esto no vende mucho.

Afortunadamente, las acciones colectivas de las víctimas del sistema para acabar con la investigación precarizada –ya que aporta suculentos beneficios económicos con sus respectivos e invisibilizados costes sociales– son numerosas en la actualidad. Sin embargo, a pesar de la organización colectiva en torno a la Federación de Jóvenes Investigadores y las distintas asociaciones autonómicas, hay algo –o algun@s– que impiden la consecución de unos mínimos básicos para investigar en condiciones. Mínimos que se inscriben en la órbita de los derechos humanos[1] al llamar la atención sobre ciertas desigualdades y condiciones de explotación laboral propiciada por la Administración y por ciertos organismos privados de investigación.

¿Existe otra oportunidad de acción distinta de la colectiva? Por supuesto, y no una, sino varias. Queremos reflexionar sobre la responsabilidad individual de que esto ocurra y se reproduzca una y mil veces. La mayoría de científicos e intelectuales han sido precarios alguna vez. El sistema se retroalimenta continuamente. Sin embargo, no todos ellos han trabajado bajo la responsabilidad de su director, quien también la niega o no la asume. Existen, al respecto excepciones. Unas, más célebres que otras. Recientemente se publicaba un artículo que hacía referencia a la condición de científico comprometido con sus pupilos de Juan Negrín. Éste dirigía a una serie de investigadores, entre ellos Severo Ochoa, Blas Cabrera, Grande Covián, Ramón Pérez-Cirera o José Miguel Sacristán. «Ante la falta de fondos para jóvenes licenciados que se iniciaban en la investigación, Negrín llegó a detraer una parte de su sueldo para compensarles».[2] Más tarde, durante el franquismo, el compromiso de muchos directores de investigación y/o de profesores universitarios fue también importante. Esto influyó en la configuración del movimiento estudiantil y, posteriormente, desembocó en la protesta de los profesores no numerarios.[3] Cuando este último colectivo se organizó lo hizo por sus condiciones de precariedad laboral. Se trataba de profesores contratados anualmente para impartir clases en institutos y en la universidad. Sin embargo estaban bajo control continuo y amenaza de despido ante cualquier acción subversiva, ya que «por su edad, su mentalidad y su precariedad laboral sintonizaban fácilmente con el alumnado, también radicalizado». A pesar del esfuerzo común, siguiendo con el análisis de Joan Estruch Tobella «esta lucha acarreó, hasta cierto punto, la conquista de una gran autonomía profesional en nombre de la democracia y la participación. Pero nadie quiso darse cuenta de que la autonomía profesional fácilmente puede transformarse en corporativismo, según las condiciones en que se utilice. La "endogamia" universitaria es un buen ejemplo de ello».[4]

Esta acción colectiva fruto de un sistema dictatorial no impidió que se diesen casos de lo que intentamos llamar responsabilidad individual en la investigación. Juan José Castillo es quizás uno de los ejemplos más claros. En la publicación de uno de sus libros de historia quiso dejar claro algunas condiciones externas a su investigación, al igual que ocurre hoy con algunos investigadores precarios que lo hacen visible en sus comunicaciones.

La historia de sus condiciones externas de investigación son las siguientes, y creemos que se trata de uno de los primeros libros que reflejaba todo lo que el lector no vé. El preámbulo decía lo siguiente:

«Quisiera, tan solo, en esta nota de bienvenida al lector darle algunas informaciones que le sirvan para situar el producto-libro que tiene en sus manos. Mis trabajos sobre catolicismo social y sindicalismo católico comenzaron en 1970, para preparar mi tesis doctoral en España, cosa que pensaba hacer sin prisa: tanto era lo que no nos habían enseñado en aquellos años de Universidad. […] Las necesidades burocráticas de la Universidad española (para poder pasar a cobrar 22.000 pesetas, en lugar de 14.000) me obligaron a escribir en 1974-75 una tesis doctoral en España (parcialmente publicada en Cuadernos para el Diálogo con el título «El sindicalismo amarillo en España»)».

Eso no es todo. Ya que en el año 1977, la lucha que mantuvieron para acabar con la precariedad, y, de paso, con una dictadura universitaria, afectó a su investigación de alguna manera, desviando su tiempo y creatividad hacia aspectos descuidados en la actualidad por muchos profesores, evaluadores y técnicos de investigación de los organismos que prefieren la política de investigación low cost a cualquier precio.

«En el año 1977, los Profesores No Numerarios de Universidad (que somos más del 80 por 100 del total de profesores) mantuvimos una larga y dura huelga: cuatro meses en defensa del un salario mínimo de 40.000 pesetas, contratación laboral frente a la interinidad en que se nos mantiene con iguales derechos y consideración que los demás trabajadores, rechazo de las oposiciones por ser fórmula de reproducción del anquilosamiento universitario, y gestión democrática y autónoma. La cerrazón del Ministerio de Educación y Ciencia me llevó, junto a tantos compañeros, a consumir energías en coordinar, discutir, escribir sobre la nueva Universidad por la que luchamos, y tuvo como final –fracasada la huelga– una necesidad de reflexión que inspiró el trabajo que ahora tiene el lector entre las manos».

Desafortunadamente, el trabajo colectivo se fue echado al olvido ya en 1979, si atendemos a lo que él opina. Su responsabilidad individual le llevó, sin embargo, a querer dejar escrito que hay culpables de cierto estado de cosas:

«Hoy que es tiempo de olvidos quiero dejar escrito que hay culpables de que no hayamos podido investigar y enseñar más y mejor en la Universidad: hemos tenido que luchar por condiciones mínimas para la existencia de una Universidad democrática, crítica y científica. Para muchos de nosotros –sin retórica alguna– ese es el gran mérito científico: el haber pasado muchas horas en ese trabajo, junto a tantos compañeros desperdigados por las hoy «nacionalidades y regiones» del territorio que domina el Estado español».

Finalmente ponía de relieve una pieza angular para comprender el por qué y cómo de las cosas en el sistema de investigación y de educación superior que heredamos de la dictadura. Se lamentaba, él, diciendo que «no parece que en los tiempos que corren permitan esperar una cosecha mínima de tanto trabajo y que el desguace de la Universidad católico-franquista llegue a merecer la atención y empeño de las fuerzas vivas de la democracia».[5] Quizás hoy, que tenemos más de lo mismo al ver como gobiernos que se dicen democráticos continúan con una política de precarización de la investigación –y que, sin duda, les aporta pingües beneficios y que cumple con funciones varias– hemos de subrayar ciertas actitudes responsables que, en algún tiempo atrás con calamidades semejantes, se vieron obligados simplemente a dejar escrito que hay culpables.

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[1] La Declaración Universal de los Derechos Humanos debería leerla uno más a menudo de lo que lo hacemos. http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm (2 de junio de 2008)

[2] BARONA, Josep Lluis: « Juan Negrín, un científico en el frente político», Le Monde Diplomatique (versión española), nº149, marzo de 2008, p. 27. Remitimos a la bibliografía de este artículo para ampliar, así como a la obra de GIRAL, Francisco: Ciencia española en el Exilio (1939-1989): el exilio de los científicos españoles, Barcelona, Anthropos, 1994, para una continuación de estos científicos “becados y responsables” de Negrín.

[3] La bibliografía a este respecto es más numerosa (desde las protestas estudiantiles de 1956 a personajes como Aranguren, Tierno Galván o García Calvo). Véase a modo de referencia HÉRNANDEZ SANDOICA, Helena, RUÍZ CARNICER, Miguel Ángel y BALDÓ LACOMBA, Marc: Estudiantes contra Franco (1939-1975): oposición política y movilización juvenil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2007.

[4] ESTRUCH TOBELLA, Joan: «La promoción del 77: la trayectoria profesional del profesorado de la Secundaria pública», Escuela Española, septiembre de 2001. Versión disponible en Internet: http://www.acesc.net/promo77.html (2 de julio de 2008).

[5] Véase para estas cuatro últimas citas, CASTILLO, Juan José: Propietarios muy pobres: Sobre la subordinación política del pequeño campesino, la Confederación Nacional Católico Agraria 1917-1942, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1979, págs. XIX-XX

A nuevo rector, mismas desigualdades, contratos-Not4U e “investigación low cost” en Aragón

En Aragón, para poder investigar no es necesario ni siquiera poseer una licenciatura. Poseerla no garantiza más que dos años más de inversión en formación. Cualquiera puede solicitar una ayuda a un instituto de estudios provincial, a un organismo propio del Gobierno de Aragón, a una entidad pública como la Federación Aragonesa de Solidaridad o a una caja de ahorros como a Ibercaja o a la Caja de Ahorros de la Inmaculada, a los diferentes institutos universitarios o a «subcontratas» de la investigación –como editoriales, asociaciones u otras entidades legalizadas. Sin embargo, la dotación económica y el «marco social y laboral de la investigación» pueden variar enormemente.

Existen becas que se acogen al Estatuto del Personal Investigador en Formación –consultar en este blog bajo la rúbrica de «EPIF». Estos investigadores tienen cubiertas las prestaciones sociales a las que todo trabajador «por cuenta ajena» –primera trampa– del Estado disfruta en condiciones de legalidad. Sin embargo, la misma Administración Pública tiene universitarios realizando actividades de investigación sin remuneración regulada –consultar término «ISRR» en http://www.precarios.org. Es decir, sin seguridad social ni ningún otro tipo de prestaciones sociales o sanitarias. En el mejor de los casos, poseen un seguro de salud como el de la Institución Fernando el Católico [DPZ]. Sin embargo, desde las típicas «ayudas de investigación» de las Diputaciones Provinciales –como el programa Félix de Azara, las del Instituto de Estudios Turolenses o el Instituto de Estudios Altoaragoneses– hasta los «encargos» de las diferentes administraciones regionales, comarcales y locales –por ejemplo, un libro de toponimia local, de historia, de fauna y flora provincial, etc.– existen una serie de prácticas que rozan la explotación laboral, incluso la negligencia y la impunidad con la que la ejercen llega en ocasiones a los impagos de dichos trabajos. Prácticas, todas ellas, con una intrínseco « fraude, malversación y alevosía» legalizadas. Vendría a ser una explotación laboral permitida dentro de las fronteras de la Unión Europea, financiada, en no pocas ocasiones, por ella misma.

Salvo excepciones, esos investigadores no trabajan para ningún centro que les otorgue un contrato, con lo que las «ayudas» pasan a ser la fuente principal de ingresos, salario –en el argot de otras profesiones–, durante el tiempo que dure esa actividad académica. Es más, instituciones como el IET o la IFC otorgan becas predoctorales exigiendo una «dedicación exclusiva» incompatible con cualquier tipo de trabajo y contrato. Con lo que el o la investigadora se encuentra atrapada por entero en la perversión más perfecta de la política de educación superior y de investigación aragonesa. No sólo sacrificó su época más apta para encontrar un empleo estable yendo a la Universidad, sino que al acabar se ve condenado a estar, del orden de un mes a seis años, según las becas, sin seguridad social o contrato cualquiera. Al fin y al cabo, hablamos de diez años de vida laboral perdidos, trabajados, pero sin ser cotizados al sistema de seguridad social. Esto implica la primera desigualdad frente al resto de trabajadores y trabajadoras aragoneses. Sin embargo, la funcionalidad de esta perversión otorga unos índices en I+D inalcanzables con una política de responsabilidad social –ironia mayor: parece que la UZ ya posee incluso una oficina de éstas, habremos de creer que se dedica a otros menesteres mas loables que a luchar contra el trabajo sin contrato «en sus puertas».

La segunda desigualdad es propia del sistema de investigación, y, como veremos luego, cumple otra tarea concreta, mucho más sutil y disuasoria. Poseer una beca predoctoral da la posibilidad de acogerse a la categoría de beca de investigación «homologada». Lo que se traduce en una serie de prebendas económicas y académicas como bolsas de viaje para congresos y estancias de investigación. Incluso, la posibilidad de impartir cursos en la Universidad de Zaragoza. Todos aquellos que no posean una beca «homologada» se verán obligados a buscarse la vida –de nuevo– si no quieren dejar de formar parte de la comunidad investigadora a la que pertenecen. Esa carga económica extra, se suple con cargo a la familia o al tiempo del investigador, quien se ve obligado a encontrar otra fuente de ingresos, siempre que esto se le esté permitido por la beca que le «ayuda» a investigar. Así las cosas, el trabajo y la calidad de estos investigadores sin «homologación» se encuentran en serios agravios comparativos respecto a sus colegas más «homologados». A esto, se puede alegar que los sistemas de concesión de becas «de primera clase» son por méritos, y no como en situaciones precedentes donde imperaba la «dedocracia». Nada más lejos de la realidad, que se lo digan a la Plataforma Contra la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública –que ya es vergonzoso que exista como tal. La endogamia y corrupción universitaria no ha dejado de estar presente en nuestro sistema a nivel estatal. Las «familias» universitarias –a veces literalmente hermanos, hijos, primos, padres, nueros, yernos, cuñados, etc.– son bien conocidas dentro de la Universidad de Zaragoza. Lo cual, deja bajo sospecha todo el sistema. Si consultar la cantidad de procesos judiciales –disponibles en http://www.corruptio.com– no convence, quizás baste con preguntar de cerca a cada miembro de la Universidad para descubrir una «pifia universitaria», sin necesariamente preguntar en delegaciones, sindicatos o grupos concretos. Podrían empezar, claro esta, por el colectivo de becarios, seguido por el colectivo de erasmus desde su creación a finales de los años ochenta, sin olvidar, todos y cada uno de los estudiantes que solicitaron cualquier tipo de ayuda o beca «universitaria» aunque fuese para cuidar niños en campamentos o para trabajar en la oficina solidaria de nuestra super.universidad.u4u.ar.

Este sistema de homologaciones, disparidad de becas y condiciones tan desventajosas y desiguales no tiene más que un principal objetivo: evitar los elevados costes económicos necesarios para poner en marcha una investigación en cantidad y calidad a la altura de las circunstancias, ya que, la investigacion, es cada vez más requerida por la sociedad actual. También, no olvidemos, la I+D (– Seguridad Social = Aragón Investiga…) es el «azucarillo» de los políticos cuando quieren vender sus «productos electorales» –no debemos pasar por alto que entre ellos hay miembros de claustros, juntas, comisiones, decanatos, sindicatos de estudiantes, profesores, etc., muchos políticos aragoneses, del color y partido que sea, pertenecen a la comunidad universitaria. Por supuesto, esta investigación low cost, conlleva un coste social, que recae ipso facto sobre las espaldas de los y las becarias. La perversión llega a su clímax cuando, entre el grupo de personas sobre el que recae este coste social, habiéndose creado un dumping social «sin salir de casa», sin deslocalizaciones –ya que eso tiene un feo nombre, «fuga de cerebros»–, y en un sistema pervertido y lucrativo económica y políticamente, se crean diferentes «zanahorias», u homologaciones, como se quiera, para disuadirlos de una posible acción colectiva o como simple muestra de «amenaza», y, ¿por qué no?, como señuelo táctico. Señores, ustedes perdonen, pero esto está así desde hace bastante tiempo en nuestro país, democrático, según diversas fuentes. Bromas a parte, parece que ni la UZ ni las instituciones de investigación aragonesas, presididas en su mayoría por altos cargos de la Universidad –como es el caso de Fernando Alvira en Huesca para el IEA o de Carlos Forcadell en la IFC, presidente también de la Asociación de Historia Contemporánea–, piensan en hacer nada más serio que esta investigación low cost. Mientras tanto, seguiremos pagando el alto precio en cómodas dificultades. Si hace treinta años en la Universidad se reclamaba igualdad para los «penenes» hoy esos mismos que gritaban ayer, se callaron, en el mejor de los casos, o, aliados con The Establishment, se han puesto manos a la «obra» y sin cambio de rumbo a la vista. Trabajadores sin contrato, siguen existiendo en el despacho –¿talleres ilegales de investigación?– de al lado o en las salas de bibliotecas. Si quieren desigualdad, abusos y explotación laboral, no tiene uno necesidad alguna de viajar hasta Almería donde el color, más visible, lleva asociado la precariedad y la explotación. Investigar en (progre)Aragón, se realiza en las mismas condiciones.