19 may. 2008

A nuevo rector, mismas desigualdades, contratos-Not4U e “investigación low cost” en Aragón

En Aragón, para poder investigar no es necesario ni siquiera poseer una licenciatura. Poseerla no garantiza más que dos años más de inversión en formación. Cualquiera puede solicitar una ayuda a un instituto de estudios provincial, a un organismo propio del Gobierno de Aragón, a una entidad pública como la Federación Aragonesa de Solidaridad o a una caja de ahorros como a Ibercaja o a la Caja de Ahorros de la Inmaculada, a los diferentes institutos universitarios o a «subcontratas» de la investigación –como editoriales, asociaciones u otras entidades legalizadas. Sin embargo, la dotación económica y el «marco social y laboral de la investigación» pueden variar enormemente.

Existen becas que se acogen al Estatuto del Personal Investigador en Formación –consultar en este blog bajo la rúbrica de «EPIF». Estos investigadores tienen cubiertas las prestaciones sociales a las que todo trabajador «por cuenta ajena» –primera trampa– del Estado disfruta en condiciones de legalidad. Sin embargo, la misma Administración Pública tiene universitarios realizando actividades de investigación sin remuneración regulada –consultar término «ISRR» en http://www.precarios.org. Es decir, sin seguridad social ni ningún otro tipo de prestaciones sociales o sanitarias. En el mejor de los casos, poseen un seguro de salud como el de la Institución Fernando el Católico [DPZ]. Sin embargo, desde las típicas «ayudas de investigación» de las Diputaciones Provinciales –como el programa Félix de Azara, las del Instituto de Estudios Turolenses o el Instituto de Estudios Altoaragoneses– hasta los «encargos» de las diferentes administraciones regionales, comarcales y locales –por ejemplo, un libro de toponimia local, de historia, de fauna y flora provincial, etc.– existen una serie de prácticas que rozan la explotación laboral, incluso la negligencia y la impunidad con la que la ejercen llega en ocasiones a los impagos de dichos trabajos. Prácticas, todas ellas, con una intrínseco « fraude, malversación y alevosía» legalizadas. Vendría a ser una explotación laboral permitida dentro de las fronteras de la Unión Europea, financiada, en no pocas ocasiones, por ella misma.

Salvo excepciones, esos investigadores no trabajan para ningún centro que les otorgue un contrato, con lo que las «ayudas» pasan a ser la fuente principal de ingresos, salario –en el argot de otras profesiones–, durante el tiempo que dure esa actividad académica. Es más, instituciones como el IET o la IFC otorgan becas predoctorales exigiendo una «dedicación exclusiva» incompatible con cualquier tipo de trabajo y contrato. Con lo que el o la investigadora se encuentra atrapada por entero en la perversión más perfecta de la política de educación superior y de investigación aragonesa. No sólo sacrificó su época más apta para encontrar un empleo estable yendo a la Universidad, sino que al acabar se ve condenado a estar, del orden de un mes a seis años, según las becas, sin seguridad social o contrato cualquiera. Al fin y al cabo, hablamos de diez años de vida laboral perdidos, trabajados, pero sin ser cotizados al sistema de seguridad social. Esto implica la primera desigualdad frente al resto de trabajadores y trabajadoras aragoneses. Sin embargo, la funcionalidad de esta perversión otorga unos índices en I+D inalcanzables con una política de responsabilidad social –ironia mayor: parece que la UZ ya posee incluso una oficina de éstas, habremos de creer que se dedica a otros menesteres mas loables que a luchar contra el trabajo sin contrato «en sus puertas».

La segunda desigualdad es propia del sistema de investigación, y, como veremos luego, cumple otra tarea concreta, mucho más sutil y disuasoria. Poseer una beca predoctoral da la posibilidad de acogerse a la categoría de beca de investigación «homologada». Lo que se traduce en una serie de prebendas económicas y académicas como bolsas de viaje para congresos y estancias de investigación. Incluso, la posibilidad de impartir cursos en la Universidad de Zaragoza. Todos aquellos que no posean una beca «homologada» se verán obligados a buscarse la vida –de nuevo– si no quieren dejar de formar parte de la comunidad investigadora a la que pertenecen. Esa carga económica extra, se suple con cargo a la familia o al tiempo del investigador, quien se ve obligado a encontrar otra fuente de ingresos, siempre que esto se le esté permitido por la beca que le «ayuda» a investigar. Así las cosas, el trabajo y la calidad de estos investigadores sin «homologación» se encuentran en serios agravios comparativos respecto a sus colegas más «homologados». A esto, se puede alegar que los sistemas de concesión de becas «de primera clase» son por méritos, y no como en situaciones precedentes donde imperaba la «dedocracia». Nada más lejos de la realidad, que se lo digan a la Plataforma Contra la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública –que ya es vergonzoso que exista como tal. La endogamia y corrupción universitaria no ha dejado de estar presente en nuestro sistema a nivel estatal. Las «familias» universitarias –a veces literalmente hermanos, hijos, primos, padres, nueros, yernos, cuñados, etc.– son bien conocidas dentro de la Universidad de Zaragoza. Lo cual, deja bajo sospecha todo el sistema. Si consultar la cantidad de procesos judiciales –disponibles en http://www.corruptio.com– no convence, quizás baste con preguntar de cerca a cada miembro de la Universidad para descubrir una «pifia universitaria», sin necesariamente preguntar en delegaciones, sindicatos o grupos concretos. Podrían empezar, claro esta, por el colectivo de becarios, seguido por el colectivo de erasmus desde su creación a finales de los años ochenta, sin olvidar, todos y cada uno de los estudiantes que solicitaron cualquier tipo de ayuda o beca «universitaria» aunque fuese para cuidar niños en campamentos o para trabajar en la oficina solidaria de nuestra super.universidad.u4u.ar.

Este sistema de homologaciones, disparidad de becas y condiciones tan desventajosas y desiguales no tiene más que un principal objetivo: evitar los elevados costes económicos necesarios para poner en marcha una investigación en cantidad y calidad a la altura de las circunstancias, ya que, la investigacion, es cada vez más requerida por la sociedad actual. También, no olvidemos, la I+D (– Seguridad Social = Aragón Investiga…) es el «azucarillo» de los políticos cuando quieren vender sus «productos electorales» –no debemos pasar por alto que entre ellos hay miembros de claustros, juntas, comisiones, decanatos, sindicatos de estudiantes, profesores, etc., muchos políticos aragoneses, del color y partido que sea, pertenecen a la comunidad universitaria. Por supuesto, esta investigación low cost, conlleva un coste social, que recae ipso facto sobre las espaldas de los y las becarias. La perversión llega a su clímax cuando, entre el grupo de personas sobre el que recae este coste social, habiéndose creado un dumping social «sin salir de casa», sin deslocalizaciones –ya que eso tiene un feo nombre, «fuga de cerebros»–, y en un sistema pervertido y lucrativo económica y políticamente, se crean diferentes «zanahorias», u homologaciones, como se quiera, para disuadirlos de una posible acción colectiva o como simple muestra de «amenaza», y, ¿por qué no?, como señuelo táctico. Señores, ustedes perdonen, pero esto está así desde hace bastante tiempo en nuestro país, democrático, según diversas fuentes. Bromas a parte, parece que ni la UZ ni las instituciones de investigación aragonesas, presididas en su mayoría por altos cargos de la Universidad –como es el caso de Fernando Alvira en Huesca para el IEA o de Carlos Forcadell en la IFC, presidente también de la Asociación de Historia Contemporánea–, piensan en hacer nada más serio que esta investigación low cost. Mientras tanto, seguiremos pagando el alto precio en cómodas dificultades. Si hace treinta años en la Universidad se reclamaba igualdad para los «penenes» hoy esos mismos que gritaban ayer, se callaron, en el mejor de los casos, o, aliados con The Establishment, se han puesto manos a la «obra» y sin cambio de rumbo a la vista. Trabajadores sin contrato, siguen existiendo en el despacho –¿talleres ilegales de investigación?– de al lado o en las salas de bibliotecas. Si quieren desigualdad, abusos y explotación laboral, no tiene uno necesidad alguna de viajar hasta Almería donde el color, más visible, lleva asociado la precariedad y la explotación. Investigar en (progre)Aragón, se realiza en las mismas condiciones.