28 dic. 2009

INVESTIGAR, SIN SALARIO NO HAY LIBERTAD. INFORME DE LA INVESTIGACIÓN EN ARAGÓN 2009

Las desigualdades, la exclusión social y la falta de libertad forman parte del proceso de de-formación de los investigadores e investigadoras en fase inicial. En otras palabras, estamos ante un sistema con fuertes rasgos de colonialidad.

Investigar en ciencias sociales –este informe está centrado en este terreno por la gravedad que a continuación se pone de manifiesto–, se hace con ayuda del Estado. Al igual que en Francia, la investigación en Aragón y en España corre a cargo del sector público. A diferencia de Francia, las ciencias sociales no merecen el interés que allí suscitan para el sector público. A continuación, vamos a analizar qué factores son los que re-producen esta situación en «democracia». En primer lugar, la investigación requiere financiación, capital y salarios. Capital existe. Los salarios brillan por su ausencia. Ningún joven investigador, que empiece a investigar, puede en estos momentos ser considerado trabajador o trabajadora. No tenemos derechos a un salario, a pesar de realizar un trabajo. Trabajo, entre otras cosas requerido por la Administración del Estado, por Comunidades Autónomas, por Ayuntamientos, por Universidades, por Instituciones públicas de investigación, etc. Poniendo ejemplos, vemos que existen muchos organismos europeos, como la Casa de Velázquez (francesa) o el European University Institute de Florencia; nacionales, como la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y regionales, como la Institución Fernando el Católico o el Gobierno de Aragón, que crean una cantidad ingente de becas, de ayudas de investigación o de subvenciones que son fuente de desigualdad y de inequidad social. En otras palabras, la investigación que favorecen es una investigación injusta social y culturalmente hablando. ¿Pero cómo y por qué se causa desigualdad e injusticia? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué interés tienen los políticos y funcionarios de la investigación en permitir que se den estas situaciones? Este informe ha cuestionado críticamente las convocatorias y hemos llegado a las conclusiones que siguen, que si bien nosotros las dirigimos a la comunidad aragonesa, son, desgraciadamente, también válidas para España entera y parte de Europa occidental.

En cuanto al aspecto legal, muchas de las becas y subvenciones de investigación que estos políticos y universitarios crean no se inscriben dentro del régimen laboral, debido a la definición de las mismas como actividad no laboral. Algunas subvenciones hacen mención expresa de las partidas que son subvencionables. Otras no. Parece ser norma que la contratación no debe procurarse al jóven investigador o investigadora. Y que, por lo tanto, sea un requisito indispensable de acuerdo con la legalidad y la deontología de la investigación. Lo que se crea legalmente (!) es personal investigador no asalariado, que depende de una persona o grupo de personas para su sustento y, que si se aparta de ellos, no puede mantenerse económica ni socialmente con esta actividad. Por lo tanto, la iniciación a la investigación se nutre de jóvenes licenciados/as en régimen de servidumbre y de semi-exclavitud. Y esto, hoy por hoy, es un hecho. Si nos resistimos a asumir esto, ya que suele decirse que estamos en tiempo de «democracia», y en el mejor de los casos, lo que puede creerse es que la investigación requiere una fuente de sostenimiento extra en el investigador o en la investigadora. Si esto es así: o bien estamos hablado de un sistema de exclusión social –puesto que las clases sociales pobres no podrían dedicarse a investigar por amor al arte–; o bien, la investigación es otra actividad extra más de la persona investigadora, convirtiéndose en una «afición». En este último caso, considerar una actividad laboral como secundaria, tiene fuertes repercusiones para la pretendida calidad que se busca. Además, considerar que el personal investigador no está completo para ser asalariado, como todas las demás profesiones, nos remite de nuevo a la exclusión social, de diferenciación, de subordinación y de subalternización de unos –personal joven investigador precarizado– respecto a otros –políticos, profesores, funcionarios, personal de la investigación operando en un modelo de breadwinner family puesto que sí son asalariados y se insertan en el mismo medio social.[i] Se coja por donde se coja, el sistema investigación aragonés y español requiere un personal investigador joven inferior respecto al resto de la comunidad investigadora o gestora de la investigación. Con ello, se impide la organización sindical, la participación en la toma de decisiones y la libertad de acción de unos frente a otros. Es aquí donde reside la relación de «colonialidad», y por lo tanto, en un sistema de diferenciación social intrínseco al mismo.

Veamos ahora cómo son convocadas las convocatorias de investigación. A partir de allí, observaremos las consecuencias para los investigadores que las solicitan y para los responsables que toman estas decisiones. Antes de nada, las convocatorias se caracterizan por una irregularidad y ausencia de frecuencia más o menos predecible. Por lo tanto, desde su oferta, ya se crea una dependencia en el posible beneficiario de estas instituciones académicas «caritativas» o de investigación «low cost». Utilizamos estos términos porque, dígase alto y claro, no creemos que lo que hagan sea una investigación de calidad, ¡ni por asomo! La ausencia de convocatorias fijas, estables y predecibles, pone en riesgo cualquier investigación que necesite de estas ayudas. Este es el desolador calendario en que se nos presentan la gran mayoría de las investigaciones actuales en ciencias sociales. Estos hechos propician un solo beneficiario: la institución y los responsables que disponen de la información. Pudiendo, con ello, traficar a gusto y disgusto dentro de sus clientelas preferidas. La ausencia de estabilidad, la institucionalización de la caridad, tiene como fin atar a cualquiera que quiera investigar a la Institución. La cual, decide cuándo y como, aleatoriamente.

En segundo lugar, la redacción de la mayoría de convocatorias es ambigua y los criterios de selección están vagamente expuestos. Raramente existe una sólida baremación que haga la decisión transparente y basada en la equidad. A diferencia de las bolsas de trabajo o de las oposiciones de cualquier puesto público, las becas «prefieren», «valoran» o «priorizan» una serie de exigencias previas, en ningún momento sistematizadas y cuantificables. De esta manera, los «jurados», compuestos por una selección no democrática de personas relevantes, juzgan y puntúan en función de las cualidades. Estos «jurados» o «comisiones» están compuestos en exclusiva, válgase decir, por los responsables de la institución en muchos de los casos. Ningún beneficiario, o representante de los mismos, ni participa, ni menos aún controla el proceso de toma de decisiones. De manera análoga, ningún otro ciudadano que no pertenezca a la comunidad científica puede hacerlo. Entonces, los «jurados» o «comisiones» que resuelven las convocatorias de investigación son, en consecuencia, órganos no democráticos y tecnócratas por su propia naturaleza. La falta de transparencia equipara, en cuanto a la forma de toma de decisiones y a las consecuencias de esto, a la investigación aragonesa y estatal con el modelo de desarrollo urbanístico español, basado en la corrupción, el tráfico de influencias, los amiguismos, la prevaricación, el abuso de dietas, los sobresueldos, etc.

Una vez que las becas o las ayudas son otorgadas las puntuaciones de los candidatos raras veces son públicas. Existiendo incluso cláusulas en las convocatorias de ayudas de investigación que amparan esta ausencia total de transparencia, incluso, en organismos públicos. Las respuestas a los candidatos, en caso de que existan, dada la norma de publicar solamente a los agraciados, no contienen ninguna justificación ni explicación razonada. Valiendo como simple argumento la decisión tomada en el seno de esta comisión, cerrada e impermeable a otros miembros que no sean de la comunidad universitaria, y más concretamente, del profesorado. Así, la decisión para ser recurrida carece de cualquier tipo de justificación o argumentación posible. De manera colateral, en caso de no formar parte de la lista de beneficiarios todo el trabajo y tiempo invertido para la candidatura no ha servido para nada. Apenas es posible obtener una evaluación del propio trabajo o de los objetivos y, menos aún, de la pertinencia del proyecto de investigación. Un simple rechazo hace pensar que la institución a la que se solicita el amparo y la caridad no está interesada en financiar ese tipo de investigaciones. Pero ninguna evidencia existe a ese respecto. Por lo que puede provocar que la persona rechazada siga postulando con un proyecto carente de interés y/o de calidad, a pesar de haber contado con la ocasión de una evaluación supuestamente «científica». Sin embargo, y a pesar de la lógica, un mismo proyecto puede ser apto para programas similares –FPU (nacional) y FPI (aragonés). Por lo tanto, se confirma una vez más, que ciertas instituciones aplican criterios que no forman parte de la convocatoria, como por ejemplo, otorgar ayudas o becas a miembros de una nacionalidad determinada, favorecer a investigadores de ciertos círculos o tendencias o seleccionar unos temas de investigación con independencia de las propuestas. Deduciéndose que estamos ante el intento de realizar una política de investigación cercana a sus intereses, y no al interés público al que debieran dirigirse.[ii]

En el momento de la resolución de la convocatoria existe otro riesgo de cara a los posibles beneficiarios y a los rechazados de las becas o ayudas. El tiempo de respuesta de muchas de las subvenciones, becas y/o ayudas de investigación puede, tranquilamente, sobrepasar los seis meses. Algunas pueden eternizarse hasta llegar casi a ser comparables a un embarazo, por la pesadez y el tiempo de gestación. Ello, sin duda, actúa en detrimento de la carrera investigadora del solicitante, ya que se ve abocado a errar durante meses sin financiación y sin respuesta firme alguna en ambos sentidos. Así, en estas condiciones solamente pueden sobrevivir aquellos que forman parte de los círculos de poder, aquellos que pueden permitirse el lujo de la espera eterna y de la indeterminación, aquellos que cuentan con los resortes secundarios o familias forradas de dinero, o aquellos que sobreviven de un sistema de amparo dispuesto, en ocasiones, por estas mismas instituciones que les permite amortiguar la tardanza antes de poder vivir como cualquier asalariado. Para el resto de los mortales que deseen investigar, no podrán empezar otros proyectos hasta que no reciban la respuesta definitiva, ni tampoco podrán pasar página de esa oportunidad y concentrarse en otras formas de financiación. De nuevo, el objetivo de estas políticas de investigación es crear la dependencia hacia la institución que concede la financiación sin comprometerse a velar por la seguridad de los que deseen postular.

Por si fuera menos, tras desarrollarse la investigación en las peores situaciones de precariedad posibles, sin derechos laborales básicos que parecían propios de una democracia occidental, lo que se obtiene de ello se «explota» por la Institución. La propiedad intelectual y los derechos de autor se «ceden», automáticamente, si se acepta esta beca, subvención o lo que sea. Con el fruto de la investigación se comercia y se acumula. La acumulación de capital intelectual lo disfruta en primer lugar la Institución. Y contra ella, casi nada se puede hacer, puesto que ni siquiera existe una relación laboral. Todo lo que como respuesta se le ofrece al percarizado o precarizada que quiera recuperar su trabajo, está más cerca de la desobediencia, del robo y del boicot, que de una acción dentro de un marco legal democrático, sindical y de derecho.

En última instancia, tampoco estos trabajos aseguran la integración y el salto de jerarquía posterior hacia una remuneración en forma de salario. De nuevo, con la carrera invetigadora se «selecciona» y se «escoge» siguiendo el mismo procedimiento –para eso están las becas posdoctorales o los contratos de profesor asociado, rara vez «asociados». Mas cuando dan el salto al mundo salarial, se convierten en los proletari@s de la ciencia, puesto que su salario lo supera cualquier administrativo de grado medio con unos pocos años de experiencia. La condena que se soporta tras ser doctor, es un mísero salario en comparación con los años de formación y grado de conocimientos adquiridos. La carrera investigadora está, entonces, llena de amenazas de desigualdad y de exclusión social por los cuatro costados. Como afirma un investigador francés, sólo los ricos y los beneficiarios de la caridad de la investigación pueden estar así hasta los cuarenta años.[iii]

Como se demuestra, la inseguridad es la táctica empleada para evitar cualquier tipo de paridad, equidad o de equilibrio entre solicitantes mismos, y para con la institución. Lo que se consigue es mermar la autonomía y la elección libre del personal investigador desde la fase inicial. Como vemos, este sistema se compone de sus «siervos y siervas», de unos «criollos» y hasta de élites de la «metrópoli». El poder que se ejerce por estas instituciones que pueden financiar la investigación se invierte, en resumen, en el sometimiento absoluto del que quiera investigar. Controlando todo lo que antecede y rodea a la investigación en sí, pueden crear situaciones de dependencia y de ausencia de libertad que le son propicias a la institución. Sólo una política totalmente despreocupada de la calidad de la investigación y que considere a los investigadores como no trabajadores o no profesionales —atados y bien atados— puede crear este tipo de situaciones injustas, banales y bárbaras. Sin que por el momento, ningún responsable haya dimitido por ello o haya manifestado cargo de conciencia alguna. Tampoco ningún sindicato ha puesto el grito en el cielo. Los políticos, de forma consciente, tienen adormecida sobre la mesa del Congreso una Proposición de Ley que pondría fin a esto. Se trata de una Proposición del Parlamento Andaluz para que ningún investigador o investigadora en fase inicial desempeñe su ocupación sin un contrato laboral. Ellos someten a la servidumbre al personal investigador en formación, sean socialistas o populares, sean vascos, catalanes o aragoneses, sean de una Comunidad o de otra. Eso ya poco importa. La clase política no es cómplice, son los que legislan, y por tanto, son los responsables directos. Los cómplices más bien creemos que hay que buscarlos en las aulas y en los rectorados. Todos estos factores, empiezan a de-mostrar aspectos propios de antiguos regímenes que se creían superados en nuestras «democracias».

La solución, decolonizar la investigación, va a ser nuestra tarea para el año siguiente. Vamos a re-interpretar la lucha de los precari@s desde otra perspectiva. Analizaremos nuevas formas de resistencia que se han considerado pasivas hasta la fecha. Y les daremos un giro revolucionario, transformador y activo que permitan extenderlas y multiplicarlas. Los movimientos de liberación de la mujer demostraron que es posible, siguiendo ciertas estrategias, arrancar y recuperar esta independencia económica. Nuestro deseo para este nuevo año es convertir a la precarizada o precarizado en una persona capaz de recuperar las riendas de su vida. En alguien actuando con firmes propósitos, capaz de comprender qué significa y qué consecuencias tiene ser explotado sin salario. Para ello, nuestro mejor arma no es más que el objeto de deseo de la ciencia colonial. A eso incitamos a la comunidad de precari@s: ¡a pensar! Las ideas serán bien recibidas en este Observatorio que no pretende reducirse a una Comunidad Autónoma. Empezar a llamar a las cosas por su nombre, señalar responsables y luchar es urgente. Muy urgente.

Porque lo que está en juego es nuestra libertad.

http://aragonmalinvestiga.blogspot.com

NOTAS:
[i] Walter MIGNOLO (comp.), Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo, Buenos Aires, Del Signo, 2001.
[ii] Pierre BOURDIEU, El oficio de científico: ciencia de la ciencia y reflexividad, Barcelona, Anagrama, 2003.
[iii] Jacques MAILLARD, "Dans la recherche et l'Université: L'Attrition de la Recherche par la rémofrme," in Corinne ABENSOUR, Bernard SERGENT, Édith WOLF et Jean-Philipe TESTEFORT, De la destruction du savoir en temps de paix. École, Université, Patrimoine, Recherche, Paris, Mille et Une Nuits, 2007, p. 425.

11 dic. 2009

Para cooperar hay que explotar y dar caridad

De nuevo la Cátedra de Cooperación al Desarrollo nos la ha jugado. Ha vuelto a redactar una, recién llamada, "ayuda a investigación personal," sin contrato ni seguridad social. Siguen sin reconocer que investigar es trabajar. Como cooperar también lo es.
Al parecer, no contentos con desoir todos los mensajes de ABIJIA (Asociación de Becarios de Investigación y Jóvenes Investigadores de Aragón) de las convocatorias precedentes, con no reunirse al margen de las declaraciones, ahora inventan ellos de nuevo.

En esta nueva convocatoria, no sólo siguen pidiendo experiencia laboral previa (para luego no basar la relación de forma laboral, sino caritativa), sino que se inventan la fórmula que les permita esquivar la ley (EPIF) denominándola "Ayuda para una inves­tigación personal sobre Cooperación para el Desarrollo." Ahora ya no es una beca predoctoral, sino una "ayuda personal." Lo que nos faltaba por ver: una "ayuda" y encima "personal." De sobras saben que no es personal, sino laboral, y de bajo el nombre de "ayuda" se esconde el salario encubierto y la remuneración ilegal y socialmente irresponsable.

Deseamos que la persona ayudada resista con toda su energía a esta forma contemporánea de colonización del saber. La caridad y la explotación deben ser erradicadas y no tienen cabida en la Universidad, y menos bajo la rúbrica de la cooperación al desarrollo. ¿Así cooperan ustedes? Desde el Observatorio de la Investigación en Aragón les decimos al catedrático Sr. JOSÉ RICARDO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ y a sus secuaces:

¡ Basta de hipocresias y mentiras ! ¡ Así no se coopera ni se investiga !

Convocatoria, pasen y véanla en: http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=CONV&SEC=AYUDAS_PORTAL&FMT=CONVSUS2.fmt&DOCN=000006934

3 jun. 2009

Hartos de aguantar a los políticos-basura: la movilización obrerista de los "precarios" del siglo XXI

Indignación de los jóvenes investigadores por el desprecio del gobierno de Zapatero: "salarios" para estudiantes y rechazo a la contratación de trabajadores de la investigación

Se convocarán movilizaciones si el Gobierno y el PSOE siguen bloqueando la Proposición de Ley 125/14 y no adaptan la Ley de la Ciencia a la Carta Europea del Investigador

El Consejo de Ministros del viernes 29 de mayo de 2009 aprobó el Real Decreto 922/2009 (BOE núm. 131, de 30 de mayo) por el que se instauran las "Becas-Salarios" para estudiantes de grado universitario. Con esta medida, el Ministerio de Educación dirigido por Ángel Gabilondo instaura el "salario" para universitarios que estén cursando estudios superiores. Sin embargo, a los investigadores ya graduados les niega que sus retribuciones sean consideradas como "salario". Este nuevo atropello contra los investigadores ahonda el menosprecio hacia el colectivo por parte del Ministerio, que vulnerando el Estatuto de los Trabajadores, llega a ofrecer "becas para trabajar" que "son convocadas por organismos vinculados al Ministerio (...) donde los recién titulados pueden ser becados para trabajar"(1).

Los jóvenes investigadores están hastiados de la actitud del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que desde 2005 ignora las recomendaciones de la UE sobre la contratación de los jóvenes investigadores (2). Para mayor humillación, el Borrador del Anteproyecto de Ley de la Ciencia y la Tecnología plantea la contratación en prácticas "sin solución de continuidad", negando los más básicos derechos de los trabajadores.

Además, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Congreso lleva años retrasando injustificadamente la Proposición de Ley 125/14 (3) que permitiría acceder a la Seguridad Social a miles de jóvenes que trabajan como investigadores en Universidades y Centros de Investigación. Esta Proposición de Ley es la más antigua en estado de tramitación en el Congreso, fue aprobada por el Parlamento de Andalucía en 2003, y es la que más veces ha visto ampliado el plazo de enmiendas. De esta manera, el PSOE pone de manifiesto su nulo interés en considerar a los investigadores como trabajadores y la falsa apuesta por la I+D+i como motor del nuevo modelo productivo en España.


FJI - PRECARIOS denuncia públicamente el menosprecio del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del PSOE al trabajo que miles de investigadores realizan para el Sistema Español de Ciencia y Tecnología. Consideramos inadmisible e intolerable un anteproyecto de Ley de la Ciencia contrario a las recomendaciones europeas. Si el Gobierno y el PSOE no incorporan la Carta Europea del Investigador o siguen retrasando la Proposición de Ley 125/14, SE PLANTEARÁN MOVILIZACIONES, ya que estas cuestiones son BÁSICAS E IRRENUNCIABLES PARA LOS JÓVENES INVESTIGADORES EN ESPAÑA.


(1)http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas/de-trabajo.html
(2)http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/eur_21620_es-en.pdf
(3)Proposición de Ley del Parlamento de Andalucía, relativa a modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que se posibilite la protección social y la contratación laboral de los investigadores. http://www.precarios.org/Proposicion+de+Ley+Andalucia

7 may. 2009

Aviso a las politicas y a los políticos :

Cada día que en democracia seguimos sin derechos y explotados, somos más subversivas. Nadie jamás olvidará sus años sin cotización, sobre todo mientras si seguimos en pie (y envejecemos). Estáis construyendo vuestro fin.