13 nov. 2008

¡Qué investiguen ellos! Al Congreso de los Diputados (ETT de investigación): ¡qué no nos ayuden!

El Observatorio de la Investigación en Aragón ha constatado que hay elementos suficientes para pensar que la apuesta de los políticos españoles no es la mejora de las condiciones de vida de los investigadores españoles. Tras una nota publicada por Europa press [1] uno puede darse cuenta de varias cosas, pero la principal es que en España parace que los políticos y los Congresos nos tratan a los investigadores y a los ciudadanos en general de "pobres de espíritu."

Pero cuando a un investigador, y a su Federación, se le dice que una "ayuda para la realización de tesis" no es en nada comparable a una "beca de investigación" y que son dos cosas radicalmente distintas, sinceramente, no sólo roza el insulto, sino que se define a la perfección qué entiende el Congreso de los Diputados por "tesis" y por "investigar."

Para empezar, consideran que hacer una tesis no es necesariamente investigar. Lo cual es bueno saberlo, ya que a todos los investigadores predoctorales no los van a considerar por igual. Al menos, unos, definidos como "realizadores de tesis," en el mejor de los casos, o como "ayudados," en el peor. No son ni investigadores, ni trabajadores, ni estudiantes, sino que hacen la tesis. En segundo lugar, esto implica que hay varios tipos de doctorandos: los que "investigan," y que por lo tanto reciben una "beca de investigación" y los que hacen la "tesis" y reciben "ayudas." Esta introducción de elementos atenta contra la pretendida igualdad que, en principio, se supone que se defendía en un Congreso de Diputados europeo. Donde se hacen las leyes, mejor aún, donde se ha hecho la ley que la Federación de Jóvenes Investigadores quería hacerles cumplir, primero, a ellos mismos. Así las cosas, en España hay dos clases de doctorandos reconocidos "congresualmente." Unos de primera y otros de segunda, en función del empleo de términos "beca de investigación predoctoral" (ya que eso dice el articulado del Estatuto del Personal Investigador en Formación)o "ayuda para la realización de tesis."

Se escudan diciendo, además, que ellos no dirigen las tesis, por lo tanto actuarían como la relación entre empresa que otorga y dirige un trabajo y la "empresa temporal," al modo de una ETT de investigación. Esta es la vocación del Congreso en cuanto a la investigación: desregularizar lo poco que estaba regulado, convertirse en una ETT de investigación, e investigar. Esto es aún más lamentable, creemos. Porque si vamos a la práctica, veremos que muchos de esos becarios tienen como única fuente de ingresos ese tipo de "ayudas." Así ocurre en numerosísimas ocasiones.

Por último, el ejemplo y la jurisprudencia que puede sentar este caso podría bien dar al traste con la esperanza de tener, algún día, a todos los investigadores e investigadoras con contratos. Si un Congreso que ha hecho la ley busca la manera de subvertirla... no hace falta ser un cerebrito, todas las abuelas lo dirían bien claro: "hecha la ley, hecha la trampa." Sus señorías -con sus servicios jurídicos expertos- saben, mejor que nadie, de este asunto. Para eso están alli. Para hacer la ley, y para hacer la trampa.

Llegados a este punto, es cuestión de preguntarse si los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados, apoyados por sus señorías -se entiende-, estaban estableciendo dos categorías de doctorandos al emitir esta respuesta o, simple y desgraciadamente, estaban maquinando cómo justifiar que no debían aplicar su ley. Tanto una opción como la otra nos augura años de calle -tanto laboralmente hablando como de lugar de expresión y parlamento alternativo-... Así las cosas, pensamos que es preferible lo siguiente:

- ¡Qué no nos ayuden!
- y ¡qué investiguen ellos!

PD: si eres joven investigador o investigadora, te gustan los idiomas y tienes una vocacion: lo mejor que puedes hacer es emigrar de este país. ¿Cuantas pruebas necesitas más?


[1] El Congreso responde a Jóvenes Investigadores que sus ayudas para tesis no implican cotizaciones a la Seguridad Social. MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

http://www.europapr ess.es/epsocial/ ciencia-00418/ noticia-congreso -responde- jovenes-investig adores-ayudas- tesis-no- implican- cotizaciones- seguridad- social-200811071 43353.html


"El Congreso de los Diputados precisó hoy, ante la denuncia de la Federación Jóvenes Investigadores (FJI) sobre un supuesto incumplimiento de la legalidad en sus ayudas a la investigación, que la Cámara no convoca becas de investigación, sino ayudas para la realización de tesis que, por tanto, no implican cotizaciones a la Seguridad Social, ni relación laboral con el Parlamento y ni siquiera exige la presencia en las dependencias de la institución.

La Federación Jóvenes Investigadores (FJI) anunció hoy su intención de llevar al Congreso ante la Inspección de Trabajo alegando que la Cámara Baja no aplica el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), que establece dos años de beca con derecho a cotizaciones a la Seguridad Social, seguidos de dos años de contrato laboral (modelo 2+2).

Un portavoz oficial del Congreso precisó a Europa Press que la Cámara Baja no convoca becas como las reguladas en ese estatuto, sino que otorga unas ayudas para la realización de tesis doctorales. Por tanto, no caben cotizaciones a la Seguridad Social, ni contrato laboral alguno con la institución. De hecho, el Congreso no dirige las tesis ni requiere la presencia cotidiana de los beneficiarios en sus dependencias."

26 oct. 2008

EL FIN DE LA PRECARIEDAD: por fin una solución (si el Parlamento no lo impide)



ABIJIA y el OBSERVATORIO DE LA INVESTIGACIÓN EN ARAGÓN apoyan esta proposición porque es de justicia.

Más información en: http://www.precarios.org/Proposicion+de+Ley+Andalucia

2 jul. 2008

Donde no hubo becas, no habrá FPU ' s ni estancias breves

Este año parecía que no iba a haber Becas de Formación de Profesorado Universitario. Pero las habrá, aunque la convocatoria haya sido publicada tras el plazo legal que, en un principio, parecía imponerse el Ministerio, con mayúsculas. Los que deseen "estancias breves," estos esperarán todavía más.

El hecho de que éstas no exitan, implica una reducción de investigadoras e investigadores, futuros miembros o "miembras" de la comunidad científica. Hemos detectado, como investigadores que somos, que esto, al parecer no es nuevo en "democracia." En situaciones de crisis la democracia española, cual sastre, recorta un poquito por aquí y otro poquito por lo social. Como siempre.

En 1979 el rector de la Universidad de Salamanca, Julio Rodríguez Villanueva se lamentaba de que "existen hoy para todo el país menos becas para la formación de investigadores incluso que las propuestas en el cuarto Plan de Desarrollo. Entonces se proponían 4.000 y ahora son realmente del orden de unas mil" [1]. Estas palabras recogidas en el semanal comunista de Mundo Obrero, no medía más que el grado de democracia alcanzado durante la etapa de Adolfo Suárez. Aunque para ello se empleasen termómetros nostálgicos de los Planes de Desarrollo (que por cierto, el IV plan nunca se llegó a aplicar al morirse, entre tanto, el dictador).

Hoy el mundo obrero parece no sentirse preocupado por unas personas que no son, ni lo serán hasta entrado el tercer año, considerados como trabajadores. Pero más grave aún resulta ver que en periodos de crisis, aunque el ministro de economía de turno evite pronunciarla, los recortes siguen siendo en materia de investigación. Nos preguntamos, entonces, por qué es tan difícil investigar, y por qué siempre acaban pagando los más débiles. Termometro, éste, de nuestra "democracia."

[1] FERRANDEZ LALONDO, Pacho: « Energías alternativas (I): No hay soluciones únicas », Mundo Obrero Semanal, n° 25, mayo-junio 1979, p. 25.

2 jun. 2008

Sobre responsabilidad en la investigación o "dejar escrito que hay cumpables."

La responsabilidad del intelectual y del científico es un tema que ha estado siempre de actualidad desde que la ciencia forma parte de la manera de organizar y comprender el mundo. A ello se han dedicado una cantidad ingente de libros de filósofos, escritores, literatos, científicos, médicos, etc. Aunque no nos interesa adentrarnos en esto, ha de tenerse en cuenta que el científico es en sí mismo, y siempre ha sido, parte de una sociedad o grupo humano concreto. En su creatividad reposa ciertos aspectos de la vida de otros. Su quehacer influye por tanto, directa o indirectamente, en los otros humanos y otros organismos que necesita para vivir, aunque a esto no le dedique reflexión alguna.

La ciencia española actual adolece de una serie de problemas estructurales serios y graves que han de ser tenidos en cuenta en todos los grados de investigación distintos. Existe una masa ingente de investigadores e investigadoras precarias que se ven forzad@s, no sólo a investigar sino, también, a modificar las condiciones de investigación. Esta masa ingente de precarios y/o becarios están bajo la responsabilidad del profesorado universitario –lo que a menudo se echa al olvido y de los organismos que financian la investigación, sean públicos o privados. Ni unos ni otros parecen sentirse preocupados –salvo excepciones notorias. Voilá la cruel realidad. El problema que se nos plantea es bien sencillo: se trata de saber cómo atajarlo, de qué manera colectiva o individual se puede acabar con este daño colateral al investigar. Negarse a dirigir una tesis sin posibilidades de financiación, sería, por ejemplo una buena manera de comenzar a preocuparse por ello. Pero se tiene miedo a que salga a la luz unos números tan escasos de investigación digna. Es una de nuestras vergüenzas mejor escondidas. También, ocupar con responsabilidad un cargo de presidente de una institución de investigación debería obligar a pensar en la situación sociolaboral del becario. Pero, sin embargo, la ausencia de responsabilidad es la norma. Dejar constancia de la precariedad laboral en cada obra publicada bajo esas condiciones, sería también una actitud responsable para con los becarios que la sufren y que casi nadie está al corriente. Pero esto no vende mucho.

Afortunadamente, las acciones colectivas de las víctimas del sistema para acabar con la investigación precarizada –ya que aporta suculentos beneficios económicos con sus respectivos e invisibilizados costes sociales– son numerosas en la actualidad. Sin embargo, a pesar de la organización colectiva en torno a la Federación de Jóvenes Investigadores y las distintas asociaciones autonómicas, hay algo –o algun@s– que impiden la consecución de unos mínimos básicos para investigar en condiciones. Mínimos que se inscriben en la órbita de los derechos humanos[1] al llamar la atención sobre ciertas desigualdades y condiciones de explotación laboral propiciada por la Administración y por ciertos organismos privados de investigación.

¿Existe otra oportunidad de acción distinta de la colectiva? Por supuesto, y no una, sino varias. Queremos reflexionar sobre la responsabilidad individual de que esto ocurra y se reproduzca una y mil veces. La mayoría de científicos e intelectuales han sido precarios alguna vez. El sistema se retroalimenta continuamente. Sin embargo, no todos ellos han trabajado bajo la responsabilidad de su director, quien también la niega o no la asume. Existen, al respecto excepciones. Unas, más célebres que otras. Recientemente se publicaba un artículo que hacía referencia a la condición de científico comprometido con sus pupilos de Juan Negrín. Éste dirigía a una serie de investigadores, entre ellos Severo Ochoa, Blas Cabrera, Grande Covián, Ramón Pérez-Cirera o José Miguel Sacristán. «Ante la falta de fondos para jóvenes licenciados que se iniciaban en la investigación, Negrín llegó a detraer una parte de su sueldo para compensarles».[2] Más tarde, durante el franquismo, el compromiso de muchos directores de investigación y/o de profesores universitarios fue también importante. Esto influyó en la configuración del movimiento estudiantil y, posteriormente, desembocó en la protesta de los profesores no numerarios.[3] Cuando este último colectivo se organizó lo hizo por sus condiciones de precariedad laboral. Se trataba de profesores contratados anualmente para impartir clases en institutos y en la universidad. Sin embargo estaban bajo control continuo y amenaza de despido ante cualquier acción subversiva, ya que «por su edad, su mentalidad y su precariedad laboral sintonizaban fácilmente con el alumnado, también radicalizado». A pesar del esfuerzo común, siguiendo con el análisis de Joan Estruch Tobella «esta lucha acarreó, hasta cierto punto, la conquista de una gran autonomía profesional en nombre de la democracia y la participación. Pero nadie quiso darse cuenta de que la autonomía profesional fácilmente puede transformarse en corporativismo, según las condiciones en que se utilice. La "endogamia" universitaria es un buen ejemplo de ello».[4]


Esta acción colectiva fruto de un sistema dictatorial no impidió que se diesen casos de lo que intentamos llamar responsabilidad individual en la investigación. Juan José Castillo es quizás uno de los ejemplos más claros. En la publicación de uno de sus libros de historia quiso dejar claro algunas condiciones externas a su investigación, al igual que ocurre hoy con algunos investigadores precarios que lo hacen visible en sus comunicaciones.


La historia de sus condiciones externas de investigación son las siguientes, y creemos que se trata de uno de los primeros libros que reflejaba todo lo que el lector no vé. El preámbulo decía lo siguiente:

«Quisiera, tan solo, en esta nota de bienvenida al lector darle algunas informaciones que le sirvan para situar el producto-libro que tiene en sus manos. Mis trabajos sobre catolicismo social y sindicalismo católico comenzaron en 1970, para preparar mi tesis doctoral en España, cosa que pensaba hacer sin prisa: tanto era lo que no nos habían enseñado en aquellos años de Universidad. […] Las necesidades burocráticas de la Universidad española (para poder pasar a cobrar 22.000 pesetas, en lugar de 14.000) me obligaron a escribir en 1974-75 una tesis doctoral en España (parcialmente publicada en Cuadernos para el Diálogo con el título «El sindicalismo amarillo en España»)».

Eso no es todo. Ya que en el año 1977, la lucha que mantuvieron para acabar con la precariedad, y, de paso, con una dictadura universitaria, afectó a su investigación de alguna manera, desviando su tiempo y creatividad hacia aspectos descuidados en la actualidad por muchos profesores, evaluadores y técnicos de investigación de los organismos que prefieren la política de investigación low cost a cualquier precio.

«En el año 1977, los Profesores No Numerarios de Universidad (que somos más del 80 por 100 del total de profesores) mantuvimos una larga y dura huelga: cuatro meses en defensa del un salario mínimo de 40.000 pesetas, contratación laboral frente a la interinidad en que se nos mantiene con iguales derechos y consideración que los demás trabajadores, rechazo de las oposiciones por ser fórmula de reproducción del anquilosamiento universitario, y gestión democrática y autónoma. La cerrazón del Ministerio de Educación y Ciencia me llevó, junto a tantos compañeros, a consumir energías en coordinar, discutir, escribir sobre la nueva Universidad por la que luchamos, y tuvo como final –fracasada la huelga– una necesidad de reflexión que inspiró el trabajo que ahora tiene el lector entre las manos».

Desafortunadamente, el trabajo colectivo se fue echado al olvido ya en 1979, si atendemos a lo que él opina. Su responsabilidad individual le llevó, sin embargo, a querer dejar escrito que hay culpables de cierto estado de cosas:

«Hoy que es tiempo de olvidos quiero dejar escrito que hay culpables de que no hayamos podido investigar y enseñar más y mejor en la Universidad: hemos tenido que luchar por condiciones mínimas para la existencia de una Universidad democrática, crítica y científica. Para muchos de nosotros –sin retórica alguna– ese es el gran mérito científico: el haber pasado muchas horas en ese trabajo, junto a tantos compañeros desperdigados por las hoy «nacionalidades y regiones» del territorio que domina el Estado español».

Finalmente ponía de relieve una pieza angular para comprender el por qué y cómo de las cosas en el sistema de investigación y de educación superior que heredamos de la dictadura. Se lamentaba, él, diciendo que «no parece que en los tiempos que corren permitan esperar una cosecha mínima de tanto trabajo y que el desguace de la Universidad católico-franquista llegue a merecer la atención y empeño de las fuerzas vivas de la democracia».[5] Quizás hoy, que tenemos más de lo mismo al ver como gobiernos que se dicen democráticos continúan con una política de precarización de la investigación –y que, sin duda, les aporta pingües beneficios y que cumple con funciones varias– hemos de subrayar ciertas actitudes responsables que, en algún tiempo atrás con calamidades semejantes, se vieron obligados simplemente a dejar escrito que hay culpables.



[1] La Declaración Universal de los Derechos Humanos debería leerla uno más a menudo de lo que lo hacemos. http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm (2 de junio de 2008)

[2] BARONA, Josep Lluis: « Juan Negrín, un científico en el frente político», Le Monde Diplomatique (versión española), nº149, marzo de 2008, p. 27. Remitimos a la bibliografía de este artículo para ampliar, así como a la obra de GIRAL, Francisco: Ciencia española en el Exilio (1939-1989): el exilio de los científicos españoles, Barcelona, Anthropos, 1994, para una continuación de estos científicos “becados y responsables” de Negrín.

[3] La bibliografía a este respecto es más numerosa (desde las protestas estudiantiles de 1956 a personajes como Aranguren, Tierno Galván o García Calvo). Véase a modo de referencia HÉRNANDEZ SANDOICA, Helena, RUÍZ CARNICER, Miguel Ángel y BALDÓ LACOMBA, Marc: Estudiantes contra Franco (1939-1975): oposición política y movilización juvenil, Madrid, La Esfera de los Libros, 2007.

[4] ESTRUCH TOBELLA, Joan: «La promoción del 77: la trayectoria profesional del profesorado de la Secundaria pública», Escuela Española, septiembre de 2001. Versión disponible en Internet: http://www.acesc.net/promo77.html (2 de julio de 2008).

[5] Véase para estas cuatro últimas citas, CASTILLO, Juan José: Propietarios muy pobres: Sobre la subordinación política del pequeño campesino, la Confederación Nacional Católico Agraria 1917-1942, Madrid, Ministerio de Agricultura, 1979, págs. XIX-XX

19 may. 2008

A nuevo rector, mismas desigualdades, contratos-Not4U e “investigación low cost” en Aragón

En Aragón, para poder investigar no es necesario ni siquiera poseer una licenciatura. Poseerla no garantiza más que dos años más de inversión en formación. Cualquiera puede solicitar una ayuda a un instituto de estudios provincial, a un organismo propio del Gobierno de Aragón, a una entidad pública como la Federación Aragonesa de Solidaridad o a una caja de ahorros como a Ibercaja o a la Caja de Ahorros de la Inmaculada, a los diferentes institutos universitarios o a «subcontratas» de la investigación –como editoriales, asociaciones u otras entidades legalizadas. Sin embargo, la dotación económica y el «marco social y laboral de la investigación» pueden variar enormemente.

Existen becas que se acogen al Estatuto del Personal Investigador en Formación –consultar en este blog bajo la rúbrica de «EPIF». Estos investigadores tienen cubiertas las prestaciones sociales a las que todo trabajador «por cuenta ajena» –primera trampa– del Estado disfruta en condiciones de legalidad. Sin embargo, la misma Administración Pública tiene universitarios realizando actividades de investigación sin remuneración regulada –consultar término «ISRR» en http://www.precarios.org. Es decir, sin seguridad social ni ningún otro tipo de prestaciones sociales o sanitarias. En el mejor de los casos, poseen un seguro de salud como el de la Institución Fernando el Católico [DPZ]. Sin embargo, desde las típicas «ayudas de investigación» de las Diputaciones Provinciales –como el programa Félix de Azara, las del Instituto de Estudios Turolenses o el Instituto de Estudios Altoaragoneses– hasta los «encargos» de las diferentes administraciones regionales, comarcales y locales –por ejemplo, un libro de toponimia local, de historia, de fauna y flora provincial, etc.– existen una serie de prácticas que rozan la explotación laboral, incluso la negligencia y la impunidad con la que la ejercen llega en ocasiones a los impagos de dichos trabajos. Prácticas, todas ellas, con una intrínseco « fraude, malversación y alevosía» legalizadas. Vendría a ser una explotación laboral permitida dentro de las fronteras de la Unión Europea, financiada, en no pocas ocasiones, por ella misma.

Salvo excepciones, esos investigadores no trabajan para ningún centro que les otorgue un contrato, con lo que las «ayudas» pasan a ser la fuente principal de ingresos, salario –en el argot de otras profesiones–, durante el tiempo que dure esa actividad académica. Es más, instituciones como el IET o la IFC otorgan becas predoctorales exigiendo una «dedicación exclusiva» incompatible con cualquier tipo de trabajo y contrato. Con lo que el o la investigadora se encuentra atrapada por entero en la perversión más perfecta de la política de educación superior y de investigación aragonesa. No sólo sacrificó su época más apta para encontrar un empleo estable yendo a la Universidad, sino que al acabar se ve condenado a estar, del orden de un mes a seis años, según las becas, sin seguridad social o contrato cualquiera. Al fin y al cabo, hablamos de diez años de vida laboral perdidos, trabajados, pero sin ser cotizados al sistema de seguridad social. Esto implica la primera desigualdad frente al resto de trabajadores y trabajadoras aragoneses. Sin embargo, la funcionalidad de esta perversión otorga unos índices en I+D inalcanzables con una política de responsabilidad social –ironia mayor: parece que la UZ ya posee incluso una oficina de éstas, habremos de creer que se dedica a otros menesteres mas loables que a luchar contra el trabajo sin contrato «en sus puertas».

La segunda desigualdad es propia del sistema de investigación, y, como veremos luego, cumple otra tarea concreta, mucho más sutil y disuasoria. Poseer una beca predoctoral da la posibilidad de acogerse a la categoría de beca de investigación «homologada». Lo que se traduce en una serie de prebendas económicas y académicas como bolsas de viaje para congresos y estancias de investigación. Incluso, la posibilidad de impartir cursos en la Universidad de Zaragoza. Todos aquellos que no posean una beca «homologada» se verán obligados a buscarse la vida –de nuevo– si no quieren dejar de formar parte de la comunidad investigadora a la que pertenecen. Esa carga económica extra, se suple con cargo a la familia o al tiempo del investigador, quien se ve obligado a encontrar otra fuente de ingresos, siempre que esto se le esté permitido por la beca que le «ayuda» a investigar. Así las cosas, el trabajo y la calidad de estos investigadores sin «homologación» se encuentran en serios agravios comparativos respecto a sus colegas más «homologados». A esto, se puede alegar que los sistemas de concesión de becas «de primera clase» son por méritos, y no como en situaciones precedentes donde imperaba la «dedocracia». Nada más lejos de la realidad, que se lo digan a la Plataforma Contra la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública –que ya es vergonzoso que exista como tal. La endogamia y corrupción universitaria no ha dejado de estar presente en nuestro sistema a nivel estatal. Las «familias» universitarias –a veces literalmente hermanos, hijos, primos, padres, nueros, yernos, cuñados, etc.– son bien conocidas dentro de la Universidad de Zaragoza. Lo cual, deja bajo sospecha todo el sistema. Si consultar la cantidad de procesos judiciales –disponibles en http://www.corruptio.com– no convence, quizás baste con preguntar de cerca a cada miembro de la Universidad para descubrir una «pifia universitaria», sin necesariamente preguntar en delegaciones, sindicatos o grupos concretos. Podrían empezar, claro esta, por el colectivo de becarios, seguido por el colectivo de erasmus desde su creación a finales de los años ochenta, sin olvidar, todos y cada uno de los estudiantes que solicitaron cualquier tipo de ayuda o beca «universitaria» aunque fuese para cuidar niños en campamentos o para trabajar en la oficina solidaria de nuestra super.universidad.u4u.ar.

Este sistema de homologaciones, disparidad de becas y condiciones tan desventajosas y desiguales no tiene más que un principal objetivo: evitar los elevados costes económicos necesarios para poner en marcha una investigación en cantidad y calidad a la altura de las circunstancias, ya que, la investigacion, es cada vez más requerida por la sociedad actual. También, no olvidemos, la I+D (– Seguridad Social = Aragón Investiga…) es el «azucarillo» de los políticos cuando quieren vender sus «productos electorales» –no debemos pasar por alto que entre ellos hay miembros de claustros, juntas, comisiones, decanatos, sindicatos de estudiantes, profesores, etc., muchos políticos aragoneses, del color y partido que sea, pertenecen a la comunidad universitaria. Por supuesto, esta investigación low cost, conlleva un coste social, que recae ipso facto sobre las espaldas de los y las becarias. La perversión llega a su clímax cuando, entre el grupo de personas sobre el que recae este coste social, habiéndose creado un dumping social «sin salir de casa», sin deslocalizaciones –ya que eso tiene un feo nombre, «fuga de cerebros»–, y en un sistema pervertido y lucrativo económica y políticamente, se crean diferentes «zanahorias», u homologaciones, como se quiera, para disuadirlos de una posible acción colectiva o como simple muestra de «amenaza», y, ¿por qué no?, como señuelo táctico. Señores, ustedes perdonen, pero esto está así desde hace bastante tiempo en nuestro país, democrático, según diversas fuentes. Bromas a parte, parece que ni la UZ ni las instituciones de investigación aragonesas, presididas en su mayoría por altos cargos de la Universidad –como es el caso de Fernando Alvira en Huesca para el IEA o de Carlos Forcadell en la IFC, presidente también de la Asociación de Historia Contemporánea–, piensan en hacer nada más serio que esta investigación low cost. Mientras tanto, seguiremos pagando el alto precio en cómodas dificultades. Si hace treinta años en la Universidad se reclamaba igualdad para los «penenes» hoy esos mismos que gritaban ayer, se callaron, en el mejor de los casos, o, aliados con The Establishment, se han puesto manos a la «obra» y sin cambio de rumbo a la vista. Trabajadores sin contrato, siguen existiendo en el despacho –¿talleres ilegales de investigación?– de al lado o en las salas de bibliotecas. Si quieren desigualdad, abusos y explotación laboral, no tiene uno necesidad alguna de viajar hasta Almería donde el color, más visible, lleva asociado la precariedad y la explotación. Investigar en (progre)Aragón, se realiza en las mismas condiciones.

14 abr. 2008

"Vuelve a Empezar": Apadrina un investigador post-doctoral español en jucio contra "su" Estado...


¿Parecía que la inseguridad laboral y social se quedaba sólo para pre-doctorales, es decir, aquellos que realizan una investigación en vistas a obtener un doctorado? O ¿para aquellos que solicitaban "ayuditas" a los Institutos de Estudios provinciales? Pues no, incluso un investigador doctor que es llamado a hacerlo en el extranjero se queda sin el contrato que tenía hasta que obtuvo al doctorado... vulgarmente como en la oca: ¡Vuelve a empezar! Señoras y señores, con todos ustedes, aquí tenemos un ejemplo que nos dice hasta donde se preocupa el Estado por la I+D+i y que clama al cielo.

Basta con ser un cerebrito -perdon por la expresión-, decidir investigar en un centro extranjero y reclamar una beca post-doctoral para que el MEC, ¿ministerio de educación?, te otorgue caridad sin cotización alguna, perdiendo la antigüedad rapiñada de las luchas sin fin desde antes de este milenio y, todo ello, por supuesto, sin contrato... Vamos que si antes tuviste contrato por investigar, ahora "te dan unas pelillas..."

¡Menos mal que estamos organizados! (al final, en serio, pueden ver la información para apadrinar un investigador posdoctoral español en el extranjero):[Fuente: FJI] El próximo día 17 de abril tendra lugar el juicio contra el Ministerio de Educación y ciencia como consecuencia de la demanda interpuesta por 24 doctores en el extranjero. Precarios madrid y la FJI-precarios estan organizando una concentración ese día para mostrar su apoyo.

¿Cuál es la situación actual? ¿Qué piden los demandantes?

Los Investigadores postdoctorales del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en el extranjero son trabajadores que han obtenido el máximo titulo académico, con calificaciones de excelencia, destacando por su producción científica y que en la actualidad se encuentran investigando en centros de reconocido prestigio internacional El Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF, RD 63/2006) establece la obligación de contratar a los investigadores doctores; sin embargo, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) no ha reconocido como trabajadores a aquellos investigadores postdoctorales en el extranjero ya que las convocatorias del 2005 y 2006 han sido pagadas mediante becas y no contratos, privándoles de los derechos mínimos e incuestionables que todo trabajador posee. En agosto de 2007 se reclamó a la Dirección General de Universidades (DGU) la contratación de los beneficiados por las convocatorias postdoctorales de 2004 y 2005. Ante el silencio obtenido por respuesta., el 30 de noviembre de 2007 se presentó una demanda por parte de 24 beneficiarios de una beca postdoctoral del MEC en el extranjero. Se reclamaba la igualdad con sus compañeros de convocatoria que realizan su trabajo en España. A finales de febrero de 2008, el MEC anuncia la contratación por parte de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

Los demandantes consideran que este compromiso del MEC es insuficiente, puesto que no reconoce su antigüedad, y han decidido continuar con la demanda en reconocimiento de su antigüedad como trabajadores desde el día que se incorporaron como becarios o que entró en vigor el EPIF y no sólo desde el pasado uno de marzo, fecha en que fueron contratados. El juicio se celebrará el 17 de abril a las 9:30 en el Juzgado nº 33 de lo Social de Madrid.

Desde Precarios-Madrid y la FJI/precarios consideramos que es intolerable que un organismo como el MEC no reconozca la antigüedad de los trabajadores doctores, que ha mantenido con beca en contra de la ley vigente, y se niegue a reconocer sus derechos laborales de los que han sido privados. Es por ello que consideramos oportuno concentrarnos el 17 de abril frente al Juzgado nº 33 de lo social de Madrid como señal de protesta contra la política de recursos humanos del MEC, a la vez que para mostrar nuestro apoyo a todos y cada uno de los investigadores demandantes.

Si consideras que esta situación es injusta:

- Únete a nosotros y acompáñanos en la concentración del 17 de abril a las 9 en la calle Hernani nº 59, frente al juzgado nº 33 de lo social de Madrid

-La demanda será muy costosa, infórmate sobre nuestra campaña "Apadrina un postdoc" http://www.precarios.org/apadrina

- Difunde la precariedad laboral que existe en la investigación, denunciando en tu entorno la situación actual, porque otra investigación es posible.

22 ene. 2008

30 años no es nada: ¡seguimos en la calle!


Como iniciábamos este blog allá por el verano de 2007, con una referencia a un artículo de Joan Senet-Josa en la revista Triunfo, revista antifranquista culta, seria y eficaz, titulado "La lucha de los trabajadores científicos" (1). Reclamaba simplemente "contratación laboral."

Pasados casi 30 años de constitución democrática, seguimos reclamando lo mismo, ¿de qué sirve la "democracia"?, o, "esta democracia" si seguimos sin contratos y sin derechos sociales elementales.

Así que, de nuevo, nos echamos a la calle, como si no pasara el tiempo. La cita, en Madrid, en febrero de 2008 (ver convocatoria www.precarios.org)

Hemos tomado el título de un documental de Joaquin Jordá, todo son coincidencias, (sobre lo que quedó 30 años después de los trabajadores que lucharon en Numax, Barcelona, empresa de aspiradoras que ocuparon y sacaron adelante en 1977 tras un cierre patronal). Quién sabe si algún día ocuparemos el CSIC y el ministerio (in)competente... el caso es que, desgraciadamente, incluso tras acciones como estas en 30 años no pasa nada y todo sigue igual...

(1) Puede consultarse en www.triunfodigital.es, enlace directo: http://www.triunfodigital.com/mostradorn.php?a%F1o=XXX&num=678&imagen=29&fecha=1976-01-24