La corrupción del régimen español actual alcanza unos límites insospechados: ¡el Estado español pone en venta los años de explotación de l@s becari@s! Por una insumisión fiscal.
Hasta la llegada de la crisis, las administraciones públicas del Estado español y las empresas de investigación estuvieron desvalijando las arcas de la Seguridad Social, gracias al fraude cometido al no declarar a sus becari@s. Esta práctica sistemática fue restringiéndose debido a la acción colectiva de las precarias, quienes tuvieron que hacer el trabajo que los sindicatos mayoritarios a cuenta del Estado no querían hacer.
Ahora, en plena crisis, a la Seguridad Social se le ha ocurrido encajar unos fondos extras. ¿Cómo? Dándole a l@s antigu@s becari@s la posibilidad de recuperar ciertos derechos (pero no el paro) a cambio de 150 € al mes por mes de explotación, hasta dos años máximo. Según El Pais, «cada cotizante podrá recuperar hasta un máximo de dos años (si es que trabajó tanto tiempo como becario), sea cual sea su edad. Para ello deberá suscribir un convenio especial con la Seguridad Social -se podrá hacer desde el 1 de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2012- y abonar 150 euros por cada mes rescatado. Así, quien quiera anotarse como cotizado un año de prácticas remuneradas deberá abonar 1.800 euros en total».
Si la Seguridad Social pretende hacer caja que lo haga con los explotadores y no a costa de las víctimas de este sistema de explotación encubierto. La única respuesta es la insumisión fiscal y la indignación total. Las estrategias de insumisión fiscal completa son la única manera de hacer frente a los abusos de esta administración gobernada, cada día más, por corruptos, con la ayuda de unas pocas colaboracionistas. Despedir a becar@s no parece ser suficiente, sino que ahora pretenden lucrarse con su situación de abuso. La inmoralidad de este sistema debe llevarse hasta la oposición total al mismo, ya sea por canales sociales, políticos, científicos, culturales o fiscales.
La propuesta de INSUMISIÓN FISCAL pretende extenderse a sindicatos no corruptos y al colectivo de prekarios, pero sin duda necesitaremos ayuda de los objetores fiscales organizados, ciudadanía en general, etc. etc., siempre que no pretendan enriquecerse.
La campaña de insumisión fiscal puede basarse en los puntos siguientes:
1. Estimar el patrimonio robado al prekariado.
2. Reclamar este patrimonio robado y obligar a la Seguridad Social a reconocer los años de explotación por años de cotización, sin impuestos revolucionarios ni extorsiones mafiosas de tal calado. Los coste de ello que recaigan sobre las instituciones y empresas que se aprovecharon en su día.
3. Exigir el reconocimiento oficial de la explotación ejercida y la restitución y compensación del daño moral, el económico y cualquier otro tipo de daño consecuente.
Formas de acción:
a. Rechazo a pagar los 150€ de extorsión de los aparatos económicios de este Estado corrupto.
b. Protestas formales e informales, a voluntad.
c. Organización de una campaña de insumisión fiscal indefinida y total del IRPF hasta que no acepten los puntos anteriores
22 oct 2011
8 sept 2011
Ciencia, exilio y resistencia. ¿Cómo acabar con la colonialidad y la dependencia investigadora?
En los últimos dos años el futuro de las personas investigadoras españolas y aragoneses ha sido alterado, troncado, en su totalidad. Por una parte, much@s investigador@s que se habían beneficiado, con mayor o menor suerte, del sistema de investigación instaurado durante la etapa postfranquista no han podido regresar a casa. Nos referimos a la cantidad de personas que estaban cumpliendo sus períodos de investigación postdoctoral en el extranjero. A falta de cifras, el fenómeno ha sido reiteradamente denunciado entre los medios de precarios científicos[1]. La reducción de formas de inserción profesional y de investigación entre l@s que todavía piensan hacer un doctorado está creando, por otra parte, situaciones bastante alarmantes, como la emigración forzada, la competencia extrema o la subordinación total a los intereses de los directores de tesis —en su mayoría hombres heterosexuales, machos. ¿Todo esto es nuevo? ¿Acaso esto representa una crisis? No podemos ser tan ingenuos. Más bien, este sistema de «selección» y de «gestión» natural de la supervivencia de much@s investigador@s que no eran «rentables» ha sido aplicado sistemáticamente desde inicios de los años ochenta, se agravó en los noventa y estalló en la tercera década postfranquista, sólo que se concentraba en ciertas vocaciones o disciplinas. Esta es nuestra hipótesis, ¡ójala el planteamiento fuese erróneo!
Durante las décadas anteriores, cuando la crisis no estaba oficialmente declarada, la libertad de la investigación fue severamente postergada [2] a través de complejos sistemas de colonización y de precarización de la investigación. Por disciplinas, la declaración arbitraria dependiente de los científicos socio-mercantilistas —una especie de socialismo de mercado instaurado bajo la primera década postfranquista— de aquello que tenía «rentabilidad», y donde el Estado socio-mercantilista tenía que soportar sus costes, generó una ciencia superior y otra se inferiorizó. En consecuencia, se jerarquizó de una manera excluyente: existía una primacía de unas frente a otras; aquellas disciplinas que no eran rentables estaban condenadas a la explotación, a la servidumbre y a la caridad —lo que ocurrió con muchas de las ciencias humanas. El valor neoliberal-socialista creó su propio sistema jerarquizado excluyente y, por lo tanto, colonial. ¿Colonial en que medida? En la medida en que el ascenso social, en este caso, era posible de acuerdo con unas normas constituyentes concretas: no blanqueándose o convirtíendose, sino adquiriendo capital, convirtiéndose en rentables. La conversión, la criollización, era posible adquiriendo resultados rentables, patentables o privatizables; también era posible asumiendo la lógica colonial en el particular sistema-mundo de la investigación, es decir, forzando a muchos postdoctorales a emigrar a otros sistemas de investigación más «rentables» y a importar ciencia de otros países —lo que se esconde tras el eufemismo de movilidad— a bajo coste, a expensas de la persona que investiga, a condición de permitirles una reinserción truncada; también consintiendo un régimen de semi-esclavitud [3], renegando a la libertad de investigación y/o convirtiéndose en negros precarios al servicio de los intereses de «proyectos», lo que eran formas de explotación temporal implementadas por institutos públicos y privados con la colaboración de las Administraciones «publicas», por profesores de departamento al servicio éstos o de otros superiores políticamente hablando, por ellos mismos —en el caso más perverso—, etc.; además de otras formas aún por identificar. El complejo sistema de jerarquización y de subalternidad se alteró respecto a las formas ideológicas de dominación franquistas para pasar a depender de criterios neoliberales —paradójicamente, con al «socialismo científico».
En realidad, el botín era tan pírrico que cuando este ha roto aguas, muchos de estos complejos de dominación han dejado de aportar las tímidas recompensas de ascenso y han agravado las formas de dominación. El exilio forzado es endémico en muchas disciplinas que cuentan con personal formado en el extranjero. Muchos no volveremos a ocupar un puesto de investigación en años donde nos formamos. El futuro de las generaciones de la ciencia está seriamente comprometido, pues pasará por la emigración forzosa y el exilio —en caso de vivencia de un impulso liberador por parte de la persona investigadora, lo que acabará por insertarle como sujeto colonizado en otros sistemas perversos— o por la sumisión total y el saqueo absoluto en la nación —sea la aragonesa o la española, a elegir. Es decir, tendrán que pagar con su sangre, sudor y lágrimas los costes de su esclavitud —a través de costosos masters de dudosa calidad, de renuncia de becas públicas o de una competencia atroz. Ante este porvenir, hay que pensar como construir la resistencia científica. Quizás sea útil volver a girar la vista al régimen constituyente del parlamentarismo actual, que no es otro que el franquismo, su corrupción y su dedocracia.
[1] Consúltese: http://www.precarios.org
[2] Durante la transición española, tras el franquismo, las luchas de los «trabajadores» científicos, penenes, fueron determinantes. Consúltese el texto anterior publicado en este blog http://aragonmalinvestiga.blogspot.com/2007/08/beca-para-la-elaboracin-del-proyecto.html
[3] Sin ir más lejos, uno de los documentos internos de la Federación de Jóvenes Investigadores, a mediados de la década del 2000, intentó subtitularse: La esclavitud del siglo XXI. Al final, se usó un eufemismo. En todo caso, el fraude a la seguridad social ha forzado en unas pocas veces a actuar al mismísimo Estado en estos casos de no declaración de derechos sociales.
Para saber más: Edgardo Lander (comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas on-line: http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/lander.html
30 sept 2010
¿La Fundación Ecología y Desarrollo aboga por el fin de la explotación laboral?
Hemos descubierto en la red una imágen un tanto contradictoria. Hace unas semanas denunciábamos en este blog que la Fundación Ecología y Desarrollo (FED, Zaragoza) pensaba encubrir un puesto de trabajo bajo una "beca" para no pagar los costes sociales y laborales de la persona trabajadora.
En la huelga del 29 de septiembre, la FED hacía propaganda de su voluntad de un "modelo social, económico y ambiental más justo", según esta imágen. ¿Habrá colgado este cartel una persona con contrato laboral o el-la becari@ que pensaban explotar laboralmente?
Desde este blog denunciamos la hipocresía de este tipo de organizaciones que pretenden luchar por la justicia social con una absoluta falta de coherencia. Puesto que no están autorizadas ni legitimadas socialmente para actuar en su nombre, les invitamos a repensar su rol en la sociedad. Esta estrategia propia del siglo pasado ya no es válida para las generaciones precarias del siglo XXI. A nosotros, que hemos sufrido la precariedad, no nos pueden engañar. Así que, antes de lanzar su retórica, aseguren y coticen por todas las personas que trabajan para ustedes y eliminen becas fraudulentas. Después, la propaganda.
5 sept 2010
La Fundación Ecología y Desarrollo es una irresponsable social
Aviso para la Inspección de Trabajo:
Este Observatorio, siguiendo con su estrategia diseñada por la Federación de Jóvenes Investigadores de "tolerancia cero" con los trabajos disimulados en becas, ha detectado otro supuesto caso de explotación laboral en Aragón. El empresario es nada menos que una Fundación que dice velar por el desarrollo de no se sabe bien qué ni de quiénes. Desde luego no de las y los trabajadores. A la vista de sus becas que esconden trabajos, más bien ECODES se dedica a explotar recién licenciados –economistas, licenciados en administración y empresas, científicos de la naturaleza, etc.–, expertos en inglés, a ser posible con conocimientos de portugués, todo bajo las condiciones laborales deplorables tales que:
- Ausencia de cotización en la Seguridad Social
- Ausencia de prestación por desempleo al terminar la "beca."
- Mísera remuneracion de 650 € (¡brutos!)
- Según el empresario el o la explotada tendrá una "Jornada Laboral: Flexible (con determinadas franjas horarias obligatorias) de 36 horas semanales." Haciendo cuentas, la hora a esta universitaria o universitario de más de tres años de formación, fluído en inglés, le sale la hora a... (¡platillos!): 4 € con 51 céntimos. ¡ Bravo por la Fundación Ecología y Desarrollo ! ¡ Bravo !
- No nos olvidemos que tendrá rrecariedad absoluta puesto que el oficio va a durar sólo tres meses... ¿lo contratarán después? Creemos que no porque esta beca suele publicarse con bastante asiduidad.
Lo mejor, que no hemos dicho hasta ahora, es lo que deberá desempeñar la persona explotada laboralmente: ocuparde de que otras empresas cumplan con la "Responsabilidad Social Corporativa." Lo que quiere decir que tengan buenas prácticas de contratación y de cuidado del beienestar de los emplead@s y sean ambientalmente lo más limpias posibles. Según el explotador: "En este marco, la Fundación Ecología y Desarrollo ofrece una beca en el seno de la organización, donde la persona seleccionada apoyará las labores del Área de Análisis y Estudios en la elaboración de los perfiles de comportamiento social, ambiental y ético de empresas." [Llegados a este punto, invitamos a nuestras lectoras y lectores a echar una gran carcajada a la salud de ECODES, por favor]. Evidentemente, cualquiera puede imaginarse la fiabilidad de los resultados de este tipo de "análisis," donde un/a explotado/a estudia si otra empresa explota a otros/as y determina si lo hace bien o mal, estudiando los comportamientos "éticos." [1] Nuestra gran duda, ¿tendrá esta fundación autocrítica?, ¿se analizará a si misma lo que va a mirar en el ojo ajeno? ¿Se han vuelto locos esta gente o tan desesperados están los universitarios/as que se han convertido en carne de cañón para rapaces como la ECODES?
Puesto que una beca ha de desembocar en la obtención de un título vamos a hacer todo lo posible para que la Inspección de Trabajo se ocupe de meterles en vereda a todos estos posnegreros disfrazados de responsabilidad social. ¡Menudo colmo!
Y para colomo, los antecedentes existen: ECODES colabora con la Cátedra de Cooperación al Desarrollo, suponemos que formateando las mentes de la futura candidata o candidato. Este Observatorio, ABIJIA y la FJI ya hemos protestado por estas prácitcas [2]. Pero al parecer, siguen haciendo el mal. En principio, en esta cátedra colabora también la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la ciudad, donde los sindicatos mayoritarios tienen sus filiares. ¿Quién denuncia al que debería de denunciar? Obviamente, nadie está por la labor de ponerle el cascabel al gato. Y así estas organizaciones que se autodenominan "éticas" y que sufrimos l@s ciudadan@s reinciden, y reinciden, y reinciden, y reincide, y reinci, y rein, y re... e–r–––––––––––––––––––––––––––––
Cómo actúar, ¿o te vas a quedar dormidita o dormidito?:
- Denuncia en la FJI, Campaña No + Becas x Trabajo. En http://www.precarios.org/tiki-index.php?page=No+m%C3%A1s+Becas+por+Trabajo&redirectpage=No%20BecasxTrabajo
- Difunde en tu entorno social la mala ética de ECODES hasta que por vergüenza dejen de tomar el pelo a la sociedad.
[1] http://www.ecodes.org/noticias/convocatoria-beca-analisis-rse
[2] http://aragonmalinvestiga.blogspot.com/2009/12/para-cooperar-hay-que-explotar-y-dar.html
14 may 2010
La investigación según Caja Madrid sigue sin ser fascista
Entrada y espera en un lugar invadido por una inmensa escultura metalizada.
Entrevistas en una sala presidida por una sóla persona, varón para ser exactos, emérito varón, sobre una mesa de roble envejecido, ¿para qué más?, ¿acaso nos hemos equivocado antes en la historia por las decisiones tomadas por un señor?; ¿es usted partidista? Si la respuesta es positiva, le vamos a realizar un interrogatorio con intención de que mida cada una de sus palabras. Y cuidado, que aquí odiamos a los rojos, a los que provocaron revisiones culturalistas, a los que practican diariamente un idioma bárbaro y a los feos. Pero no temas, pues somos reyes de lo absurdo y amamos provocar a la inteligencia y al sentido común: de todas formas, la decisión la tomamos antes de que entrases por esa puera... tu proyecto nos importa una mierda. A quién necesitamos es a tí.
Entrevistas en una sala presidida por una sóla persona, varón para ser exactos, emérito varón, sobre una mesa de roble envejecido, ¿para qué más?, ¿acaso nos hemos equivocado antes en la historia por las decisiones tomadas por un señor?; ¿es usted partidista? Si la respuesta es positiva, le vamos a realizar un interrogatorio con intención de que mida cada una de sus palabras. Y cuidado, que aquí odiamos a los rojos, a los que provocaron revisiones culturalistas, a los que practican diariamente un idioma bárbaro y a los feos. Pero no temas, pues somos reyes de lo absurdo y amamos provocar a la inteligencia y al sentido común: de todas formas, la decisión la tomamos antes de que entrases por esa puera... tu proyecto nos importa una mierda. A quién necesitamos es a tí.
28 dic 2009
INVESTIGAR, SIN SALARIO NO HAY LIBERTAD. INFORME DE LA INVESTIGACIÓN EN ARAGÓN 2009
Las desigualdades, la exclusión social y la falta de libertad forman parte del proceso de de-formación de los investigadores e investigadoras en fase inicial. En otras palabras, estamos ante un sistema con fuertes rasgos de colonialidad.
Investigar en ciencias sociales –este informe está centrado en este terreno por la gravedad que a continuación se pone de manifiesto–, se hace con ayuda del Estado. Al igual que en Francia, la investigación en Aragón y en España corre a cargo del sector público. A diferencia de Francia, las ciencias sociales no merecen el interés que allí suscitan para el sector público. A continuación, vamos a analizar qué factores son los que re-producen esta situación en «democracia». En primer lugar, la investigación requiere financiación, capital y salarios. Capital existe. Los salarios brillan por su ausencia. Ningún joven investigador, que empiece a investigar, puede en estos momentos ser considerado trabajador o trabajadora. No tenemos derechos a un salario, a pesar de realizar un trabajo. Trabajo, entre otras cosas requerido por la Administración del Estado, por Comunidades Autónomas, por Ayuntamientos, por Universidades, por Instituciones públicas de investigación, etc. Poniendo ejemplos, vemos que existen muchos organismos europeos, como la Casa de Velázquez (francesa) o el European University Institute de Florencia; nacionales, como la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y regionales, como la Institución Fernando el Católico o el Gobierno de Aragón, que crean una cantidad ingente de becas, de ayudas de investigación o de subvenciones que son fuente de desigualdad y de inequidad social. En otras palabras, la investigación que favorecen es una investigación injusta social y culturalmente hablando. ¿Pero cómo y por qué se causa desigualdad e injusticia? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué interés tienen los políticos y funcionarios de la investigación en permitir que se den estas situaciones? Este informe ha cuestionado críticamente las convocatorias y hemos llegado a las conclusiones que siguen, que si bien nosotros las dirigimos a la comunidad aragonesa, son, desgraciadamente, también válidas para España entera y parte de Europa occidental.
En cuanto al aspecto legal, muchas de las becas y subvenciones de investigación que estos políticos y universitarios crean no se inscriben dentro del régimen laboral, debido a la definición de las mismas como actividad no laboral. Algunas subvenciones hacen mención expresa de las partidas que son subvencionables. Otras no. Parece ser norma que la contratación no debe procurarse al jóven investigador o investigadora. Y que, por lo tanto, sea un requisito indispensable de acuerdo con la legalidad y la deontología de la investigación. Lo que se crea legalmente (!) es personal investigador no asalariado, que depende de una persona o grupo de personas para su sustento y, que si se aparta de ellos, no puede mantenerse económica ni socialmente con esta actividad. Por lo tanto, la iniciación a la investigación se nutre de jóvenes licenciados/as en régimen de servidumbre y de semi-exclavitud. Y esto, hoy por hoy, es un hecho. Si nos resistimos a asumir esto, ya que suele decirse que estamos en tiempo de «democracia», y en el mejor de los casos, lo que puede creerse es que la investigación requiere una fuente de sostenimiento extra en el investigador o en la investigadora. Si esto es así: o bien estamos hablado de un sistema de exclusión social –puesto que las clases sociales pobres no podrían dedicarse a investigar por amor al arte–; o bien, la investigación es otra actividad extra más de la persona investigadora, convirtiéndose en una «afición». En este último caso, considerar una actividad laboral como secundaria, tiene fuertes repercusiones para la pretendida calidad que se busca. Además, considerar que el personal investigador no está completo para ser asalariado, como todas las demás profesiones, nos remite de nuevo a la exclusión social, de diferenciación, de subordinación y de subalternización de unos –personal joven investigador precarizado– respecto a otros –políticos, profesores, funcionarios, personal de la investigación operando en un modelo de breadwinner family puesto que sí son asalariados y se insertan en el mismo medio social.[i] Se coja por donde se coja, el sistema investigación aragonés y español requiere un personal investigador joven inferior respecto al resto de la comunidad investigadora o gestora de la investigación. Con ello, se impide la organización sindical, la participación en la toma de decisiones y la libertad de acción de unos frente a otros. Es aquí donde reside la relación de «colonialidad», y por lo tanto, en un sistema de diferenciación social intrínseco al mismo.
Veamos ahora cómo son convocadas las convocatorias de investigación. A partir de allí, observaremos las consecuencias para los investigadores que las solicitan y para los responsables que toman estas decisiones. Antes de nada, las convocatorias se caracterizan por una irregularidad y ausencia de frecuencia más o menos predecible. Por lo tanto, desde su oferta, ya se crea una dependencia en el posible beneficiario de estas instituciones académicas «caritativas» o de investigación «low cost». Utilizamos estos términos porque, dígase alto y claro, no creemos que lo que hagan sea una investigación de calidad, ¡ni por asomo! La ausencia de convocatorias fijas, estables y predecibles, pone en riesgo cualquier investigación que necesite de estas ayudas. Este es el desolador calendario en que se nos presentan la gran mayoría de las investigaciones actuales en ciencias sociales. Estos hechos propician un solo beneficiario: la institución y los responsables que disponen de la información. Pudiendo, con ello, traficar a gusto y disgusto dentro de sus clientelas preferidas. La ausencia de estabilidad, la institucionalización de la caridad, tiene como fin atar a cualquiera que quiera investigar a la Institución. La cual, decide cuándo y como, aleatoriamente.
En segundo lugar, la redacción de la mayoría de convocatorias es ambigua y los criterios de selección están vagamente expuestos. Raramente existe una sólida baremación que haga la decisión transparente y basada en la equidad. A diferencia de las bolsas de trabajo o de las oposiciones de cualquier puesto público, las becas «prefieren», «valoran» o «priorizan» una serie de exigencias previas, en ningún momento sistematizadas y cuantificables. De esta manera, los «jurados», compuestos por una selección no democrática de personas relevantes, juzgan y puntúan en función de las cualidades. Estos «jurados» o «comisiones» están compuestos en exclusiva, válgase decir, por los responsables de la institución en muchos de los casos. Ningún beneficiario, o representante de los mismos, ni participa, ni menos aún controla el proceso de toma de decisiones. De manera análoga, ningún otro ciudadano que no pertenezca a la comunidad científica puede hacerlo. Entonces, los «jurados» o «comisiones» que resuelven las convocatorias de investigación son, en consecuencia, órganos no democráticos y tecnócratas por su propia naturaleza. La falta de transparencia equipara, en cuanto a la forma de toma de decisiones y a las consecuencias de esto, a la investigación aragonesa y estatal con el modelo de desarrollo urbanístico español, basado en la corrupción, el tráfico de influencias, los amiguismos, la prevaricación, el abuso de dietas, los sobresueldos, etc.
Una vez que las becas o las ayudas son otorgadas las puntuaciones de los candidatos raras veces son públicas. Existiendo incluso cláusulas en las convocatorias de ayudas de investigación que amparan esta ausencia total de transparencia, incluso, en organismos públicos. Las respuestas a los candidatos, en caso de que existan, dada la norma de publicar solamente a los agraciados, no contienen ninguna justificación ni explicación razonada. Valiendo como simple argumento la decisión tomada en el seno de esta comisión, cerrada e impermeable a otros miembros que no sean de la comunidad universitaria, y más concretamente, del profesorado. Así, la decisión para ser recurrida carece de cualquier tipo de justificación o argumentación posible. De manera colateral, en caso de no formar parte de la lista de beneficiarios todo el trabajo y tiempo invertido para la candidatura no ha servido para nada. Apenas es posible obtener una evaluación del propio trabajo o de los objetivos y, menos aún, de la pertinencia del proyecto de investigación. Un simple rechazo hace pensar que la institución a la que se solicita el amparo y la caridad no está interesada en financiar ese tipo de investigaciones. Pero ninguna evidencia existe a ese respecto. Por lo que puede provocar que la persona rechazada siga postulando con un proyecto carente de interés y/o de calidad, a pesar de haber contado con la ocasión de una evaluación supuestamente «científica». Sin embargo, y a pesar de la lógica, un mismo proyecto puede ser apto para programas similares –FPU (nacional) y FPI (aragonés). Por lo tanto, se confirma una vez más, que ciertas instituciones aplican criterios que no forman parte de la convocatoria, como por ejemplo, otorgar ayudas o becas a miembros de una nacionalidad determinada, favorecer a investigadores de ciertos círculos o tendencias o seleccionar unos temas de investigación con independencia de las propuestas. Deduciéndose que estamos ante el intento de realizar una política de investigación cercana a sus intereses, y no al interés público al que debieran dirigirse.[ii]
En el momento de la resolución de la convocatoria existe otro riesgo de cara a los posibles beneficiarios y a los rechazados de las becas o ayudas. El tiempo de respuesta de muchas de las subvenciones, becas y/o ayudas de investigación puede, tranquilamente, sobrepasar los seis meses. Algunas pueden eternizarse hasta llegar casi a ser comparables a un embarazo, por la pesadez y el tiempo de gestación. Ello, sin duda, actúa en detrimento de la carrera investigadora del solicitante, ya que se ve abocado a errar durante meses sin financiación y sin respuesta firme alguna en ambos sentidos. Así, en estas condiciones solamente pueden sobrevivir aquellos que forman parte de los círculos de poder, aquellos que pueden permitirse el lujo de la espera eterna y de la indeterminación, aquellos que cuentan con los resortes secundarios o familias forradas de dinero, o aquellos que sobreviven de un sistema de amparo dispuesto, en ocasiones, por estas mismas instituciones que les permite amortiguar la tardanza antes de poder vivir como cualquier asalariado. Para el resto de los mortales que deseen investigar, no podrán empezar otros proyectos hasta que no reciban la respuesta definitiva, ni tampoco podrán pasar página de esa oportunidad y concentrarse en otras formas de financiación. De nuevo, el objetivo de estas políticas de investigación es crear la dependencia hacia la institución que concede la financiación sin comprometerse a velar por la seguridad de los que deseen postular.
Por si fuera menos, tras desarrollarse la investigación en las peores situaciones de precariedad posibles, sin derechos laborales básicos que parecían propios de una democracia occidental, lo que se obtiene de ello se «explota» por la Institución. La propiedad intelectual y los derechos de autor se «ceden», automáticamente, si se acepta esta beca, subvención o lo que sea. Con el fruto de la investigación se comercia y se acumula. La acumulación de capital intelectual lo disfruta en primer lugar la Institución. Y contra ella, casi nada se puede hacer, puesto que ni siquiera existe una relación laboral. Todo lo que como respuesta se le ofrece al percarizado o precarizada que quiera recuperar su trabajo, está más cerca de la desobediencia, del robo y del boicot, que de una acción dentro de un marco legal democrático, sindical y de derecho.
En última instancia, tampoco estos trabajos aseguran la integración y el salto de jerarquía posterior hacia una remuneración en forma de salario. De nuevo, con la carrera invetigadora se «selecciona» y se «escoge» siguiendo el mismo procedimiento –para eso están las becas posdoctorales o los contratos de profesor asociado, rara vez «asociados». Mas cuando dan el salto al mundo salarial, se convierten en los proletari@s de la ciencia, puesto que su salario lo supera cualquier administrativo de grado medio con unos pocos años de experiencia. La condena que se soporta tras ser doctor, es un mísero salario en comparación con los años de formación y grado de conocimientos adquiridos. La carrera investigadora está, entonces, llena de amenazas de desigualdad y de exclusión social por los cuatro costados. Como afirma un investigador francés, sólo los ricos y los beneficiarios de la caridad de la investigación pueden estar así hasta los cuarenta años.[iii]
Como se demuestra, la inseguridad es la táctica empleada para evitar cualquier tipo de paridad, equidad o de equilibrio entre solicitantes mismos, y para con la institución. Lo que se consigue es mermar la autonomía y la elección libre del personal investigador desde la fase inicial. Como vemos, este sistema se compone de sus «siervos y siervas», de unos «criollos» y hasta de élites de la «metrópoli». El poder que se ejerce por estas instituciones que pueden financiar la investigación se invierte, en resumen, en el sometimiento absoluto del que quiera investigar. Controlando todo lo que antecede y rodea a la investigación en sí, pueden crear situaciones de dependencia y de ausencia de libertad que le son propicias a la institución. Sólo una política totalmente despreocupada de la calidad de la investigación y que considere a los investigadores como no trabajadores o no profesionales —atados y bien atados— puede crear este tipo de situaciones injustas, banales y bárbaras. Sin que por el momento, ningún responsable haya dimitido por ello o haya manifestado cargo de conciencia alguna. Tampoco ningún sindicato ha puesto el grito en el cielo. Los políticos, de forma consciente, tienen adormecida sobre la mesa del Congreso una Proposición de Ley que pondría fin a esto. Se trata de una Proposición del Parlamento Andaluz para que ningún investigador o investigadora en fase inicial desempeñe su ocupación sin un contrato laboral. Ellos someten a la servidumbre al personal investigador en formación, sean socialistas o populares, sean vascos, catalanes o aragoneses, sean de una Comunidad o de otra. Eso ya poco importa. La clase política no es cómplice, son los que legislan, y por tanto, son los responsables directos. Los cómplices más bien creemos que hay que buscarlos en las aulas y en los rectorados. Todos estos factores, empiezan a de-mostrar aspectos propios de antiguos regímenes que se creían superados en nuestras «democracias».
La solución, decolonizar la investigación, va a ser nuestra tarea para el año siguiente. Vamos a re-interpretar la lucha de los precari@s desde otra perspectiva. Analizaremos nuevas formas de resistencia que se han considerado pasivas hasta la fecha. Y les daremos un giro revolucionario, transformador y activo que permitan extenderlas y multiplicarlas. Los movimientos de liberación de la mujer demostraron que es posible, siguiendo ciertas estrategias, arrancar y recuperar esta independencia económica. Nuestro deseo para este nuevo año es convertir a la precarizada o precarizado en una persona capaz de recuperar las riendas de su vida. En alguien actuando con firmes propósitos, capaz de comprender qué significa y qué consecuencias tiene ser explotado sin salario. Para ello, nuestro mejor arma no es más que el objeto de deseo de la ciencia colonial. A eso incitamos a la comunidad de precari@s: ¡a pensar! Las ideas serán bien recibidas en este Observatorio que no pretende reducirse a una Comunidad Autónoma. Empezar a llamar a las cosas por su nombre, señalar responsables y luchar es urgente. Muy urgente.
Porque lo que está en juego es nuestra libertad.
http://aragonmalinvestiga.blogspot.com
NOTAS:
[i] Walter MIGNOLO (comp.), Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo, Buenos Aires, Del Signo, 2001.
[ii] Pierre BOURDIEU, El oficio de científico: ciencia de la ciencia y reflexividad, Barcelona, Anagrama, 2003.
[iii] Jacques MAILLARD, "Dans la recherche et l'Université: L'Attrition de la Recherche par la rémofrme," in Corinne ABENSOUR, Bernard SERGENT, Édith WOLF et Jean-Philipe TESTEFORT, De la destruction du savoir en temps de paix. École, Université, Patrimoine, Recherche, Paris, Mille et Une Nuits, 2007, p. 425.
Investigar en ciencias sociales –este informe está centrado en este terreno por la gravedad que a continuación se pone de manifiesto–, se hace con ayuda del Estado. Al igual que en Francia, la investigación en Aragón y en España corre a cargo del sector público. A diferencia de Francia, las ciencias sociales no merecen el interés que allí suscitan para el sector público. A continuación, vamos a analizar qué factores son los que re-producen esta situación en «democracia». En primer lugar, la investigación requiere financiación, capital y salarios. Capital existe. Los salarios brillan por su ausencia. Ningún joven investigador, que empiece a investigar, puede en estos momentos ser considerado trabajador o trabajadora. No tenemos derechos a un salario, a pesar de realizar un trabajo. Trabajo, entre otras cosas requerido por la Administración del Estado, por Comunidades Autónomas, por Ayuntamientos, por Universidades, por Instituciones públicas de investigación, etc. Poniendo ejemplos, vemos que existen muchos organismos europeos, como la Casa de Velázquez (francesa) o el European University Institute de Florencia; nacionales, como la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores, y regionales, como la Institución Fernando el Católico o el Gobierno de Aragón, que crean una cantidad ingente de becas, de ayudas de investigación o de subvenciones que son fuente de desigualdad y de inequidad social. En otras palabras, la investigación que favorecen es una investigación injusta social y culturalmente hablando. ¿Pero cómo y por qué se causa desigualdad e injusticia? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué interés tienen los políticos y funcionarios de la investigación en permitir que se den estas situaciones? Este informe ha cuestionado críticamente las convocatorias y hemos llegado a las conclusiones que siguen, que si bien nosotros las dirigimos a la comunidad aragonesa, son, desgraciadamente, también válidas para España entera y parte de Europa occidental.
En cuanto al aspecto legal, muchas de las becas y subvenciones de investigación que estos políticos y universitarios crean no se inscriben dentro del régimen laboral, debido a la definición de las mismas como actividad no laboral. Algunas subvenciones hacen mención expresa de las partidas que son subvencionables. Otras no. Parece ser norma que la contratación no debe procurarse al jóven investigador o investigadora. Y que, por lo tanto, sea un requisito indispensable de acuerdo con la legalidad y la deontología de la investigación. Lo que se crea legalmente (!) es personal investigador no asalariado, que depende de una persona o grupo de personas para su sustento y, que si se aparta de ellos, no puede mantenerse económica ni socialmente con esta actividad. Por lo tanto, la iniciación a la investigación se nutre de jóvenes licenciados/as en régimen de servidumbre y de semi-exclavitud. Y esto, hoy por hoy, es un hecho. Si nos resistimos a asumir esto, ya que suele decirse que estamos en tiempo de «democracia», y en el mejor de los casos, lo que puede creerse es que la investigación requiere una fuente de sostenimiento extra en el investigador o en la investigadora. Si esto es así: o bien estamos hablado de un sistema de exclusión social –puesto que las clases sociales pobres no podrían dedicarse a investigar por amor al arte–; o bien, la investigación es otra actividad extra más de la persona investigadora, convirtiéndose en una «afición». En este último caso, considerar una actividad laboral como secundaria, tiene fuertes repercusiones para la pretendida calidad que se busca. Además, considerar que el personal investigador no está completo para ser asalariado, como todas las demás profesiones, nos remite de nuevo a la exclusión social, de diferenciación, de subordinación y de subalternización de unos –personal joven investigador precarizado– respecto a otros –políticos, profesores, funcionarios, personal de la investigación operando en un modelo de breadwinner family puesto que sí son asalariados y se insertan en el mismo medio social.[i] Se coja por donde se coja, el sistema investigación aragonés y español requiere un personal investigador joven inferior respecto al resto de la comunidad investigadora o gestora de la investigación. Con ello, se impide la organización sindical, la participación en la toma de decisiones y la libertad de acción de unos frente a otros. Es aquí donde reside la relación de «colonialidad», y por lo tanto, en un sistema de diferenciación social intrínseco al mismo.
Veamos ahora cómo son convocadas las convocatorias de investigación. A partir de allí, observaremos las consecuencias para los investigadores que las solicitan y para los responsables que toman estas decisiones. Antes de nada, las convocatorias se caracterizan por una irregularidad y ausencia de frecuencia más o menos predecible. Por lo tanto, desde su oferta, ya se crea una dependencia en el posible beneficiario de estas instituciones académicas «caritativas» o de investigación «low cost». Utilizamos estos términos porque, dígase alto y claro, no creemos que lo que hagan sea una investigación de calidad, ¡ni por asomo! La ausencia de convocatorias fijas, estables y predecibles, pone en riesgo cualquier investigación que necesite de estas ayudas. Este es el desolador calendario en que se nos presentan la gran mayoría de las investigaciones actuales en ciencias sociales. Estos hechos propician un solo beneficiario: la institución y los responsables que disponen de la información. Pudiendo, con ello, traficar a gusto y disgusto dentro de sus clientelas preferidas. La ausencia de estabilidad, la institucionalización de la caridad, tiene como fin atar a cualquiera que quiera investigar a la Institución. La cual, decide cuándo y como, aleatoriamente.
En segundo lugar, la redacción de la mayoría de convocatorias es ambigua y los criterios de selección están vagamente expuestos. Raramente existe una sólida baremación que haga la decisión transparente y basada en la equidad. A diferencia de las bolsas de trabajo o de las oposiciones de cualquier puesto público, las becas «prefieren», «valoran» o «priorizan» una serie de exigencias previas, en ningún momento sistematizadas y cuantificables. De esta manera, los «jurados», compuestos por una selección no democrática de personas relevantes, juzgan y puntúan en función de las cualidades. Estos «jurados» o «comisiones» están compuestos en exclusiva, válgase decir, por los responsables de la institución en muchos de los casos. Ningún beneficiario, o representante de los mismos, ni participa, ni menos aún controla el proceso de toma de decisiones. De manera análoga, ningún otro ciudadano que no pertenezca a la comunidad científica puede hacerlo. Entonces, los «jurados» o «comisiones» que resuelven las convocatorias de investigación son, en consecuencia, órganos no democráticos y tecnócratas por su propia naturaleza. La falta de transparencia equipara, en cuanto a la forma de toma de decisiones y a las consecuencias de esto, a la investigación aragonesa y estatal con el modelo de desarrollo urbanístico español, basado en la corrupción, el tráfico de influencias, los amiguismos, la prevaricación, el abuso de dietas, los sobresueldos, etc.
Una vez que las becas o las ayudas son otorgadas las puntuaciones de los candidatos raras veces son públicas. Existiendo incluso cláusulas en las convocatorias de ayudas de investigación que amparan esta ausencia total de transparencia, incluso, en organismos públicos. Las respuestas a los candidatos, en caso de que existan, dada la norma de publicar solamente a los agraciados, no contienen ninguna justificación ni explicación razonada. Valiendo como simple argumento la decisión tomada en el seno de esta comisión, cerrada e impermeable a otros miembros que no sean de la comunidad universitaria, y más concretamente, del profesorado. Así, la decisión para ser recurrida carece de cualquier tipo de justificación o argumentación posible. De manera colateral, en caso de no formar parte de la lista de beneficiarios todo el trabajo y tiempo invertido para la candidatura no ha servido para nada. Apenas es posible obtener una evaluación del propio trabajo o de los objetivos y, menos aún, de la pertinencia del proyecto de investigación. Un simple rechazo hace pensar que la institución a la que se solicita el amparo y la caridad no está interesada en financiar ese tipo de investigaciones. Pero ninguna evidencia existe a ese respecto. Por lo que puede provocar que la persona rechazada siga postulando con un proyecto carente de interés y/o de calidad, a pesar de haber contado con la ocasión de una evaluación supuestamente «científica». Sin embargo, y a pesar de la lógica, un mismo proyecto puede ser apto para programas similares –FPU (nacional) y FPI (aragonés). Por lo tanto, se confirma una vez más, que ciertas instituciones aplican criterios que no forman parte de la convocatoria, como por ejemplo, otorgar ayudas o becas a miembros de una nacionalidad determinada, favorecer a investigadores de ciertos círculos o tendencias o seleccionar unos temas de investigación con independencia de las propuestas. Deduciéndose que estamos ante el intento de realizar una política de investigación cercana a sus intereses, y no al interés público al que debieran dirigirse.[ii]
En el momento de la resolución de la convocatoria existe otro riesgo de cara a los posibles beneficiarios y a los rechazados de las becas o ayudas. El tiempo de respuesta de muchas de las subvenciones, becas y/o ayudas de investigación puede, tranquilamente, sobrepasar los seis meses. Algunas pueden eternizarse hasta llegar casi a ser comparables a un embarazo, por la pesadez y el tiempo de gestación. Ello, sin duda, actúa en detrimento de la carrera investigadora del solicitante, ya que se ve abocado a errar durante meses sin financiación y sin respuesta firme alguna en ambos sentidos. Así, en estas condiciones solamente pueden sobrevivir aquellos que forman parte de los círculos de poder, aquellos que pueden permitirse el lujo de la espera eterna y de la indeterminación, aquellos que cuentan con los resortes secundarios o familias forradas de dinero, o aquellos que sobreviven de un sistema de amparo dispuesto, en ocasiones, por estas mismas instituciones que les permite amortiguar la tardanza antes de poder vivir como cualquier asalariado. Para el resto de los mortales que deseen investigar, no podrán empezar otros proyectos hasta que no reciban la respuesta definitiva, ni tampoco podrán pasar página de esa oportunidad y concentrarse en otras formas de financiación. De nuevo, el objetivo de estas políticas de investigación es crear la dependencia hacia la institución que concede la financiación sin comprometerse a velar por la seguridad de los que deseen postular.
Por si fuera menos, tras desarrollarse la investigación en las peores situaciones de precariedad posibles, sin derechos laborales básicos que parecían propios de una democracia occidental, lo que se obtiene de ello se «explota» por la Institución. La propiedad intelectual y los derechos de autor se «ceden», automáticamente, si se acepta esta beca, subvención o lo que sea. Con el fruto de la investigación se comercia y se acumula. La acumulación de capital intelectual lo disfruta en primer lugar la Institución. Y contra ella, casi nada se puede hacer, puesto que ni siquiera existe una relación laboral. Todo lo que como respuesta se le ofrece al percarizado o precarizada que quiera recuperar su trabajo, está más cerca de la desobediencia, del robo y del boicot, que de una acción dentro de un marco legal democrático, sindical y de derecho.
En última instancia, tampoco estos trabajos aseguran la integración y el salto de jerarquía posterior hacia una remuneración en forma de salario. De nuevo, con la carrera invetigadora se «selecciona» y se «escoge» siguiendo el mismo procedimiento –para eso están las becas posdoctorales o los contratos de profesor asociado, rara vez «asociados». Mas cuando dan el salto al mundo salarial, se convierten en los proletari@s de la ciencia, puesto que su salario lo supera cualquier administrativo de grado medio con unos pocos años de experiencia. La condena que se soporta tras ser doctor, es un mísero salario en comparación con los años de formación y grado de conocimientos adquiridos. La carrera investigadora está, entonces, llena de amenazas de desigualdad y de exclusión social por los cuatro costados. Como afirma un investigador francés, sólo los ricos y los beneficiarios de la caridad de la investigación pueden estar así hasta los cuarenta años.[iii]
Como se demuestra, la inseguridad es la táctica empleada para evitar cualquier tipo de paridad, equidad o de equilibrio entre solicitantes mismos, y para con la institución. Lo que se consigue es mermar la autonomía y la elección libre del personal investigador desde la fase inicial. Como vemos, este sistema se compone de sus «siervos y siervas», de unos «criollos» y hasta de élites de la «metrópoli». El poder que se ejerce por estas instituciones que pueden financiar la investigación se invierte, en resumen, en el sometimiento absoluto del que quiera investigar. Controlando todo lo que antecede y rodea a la investigación en sí, pueden crear situaciones de dependencia y de ausencia de libertad que le son propicias a la institución. Sólo una política totalmente despreocupada de la calidad de la investigación y que considere a los investigadores como no trabajadores o no profesionales —atados y bien atados— puede crear este tipo de situaciones injustas, banales y bárbaras. Sin que por el momento, ningún responsable haya dimitido por ello o haya manifestado cargo de conciencia alguna. Tampoco ningún sindicato ha puesto el grito en el cielo. Los políticos, de forma consciente, tienen adormecida sobre la mesa del Congreso una Proposición de Ley que pondría fin a esto. Se trata de una Proposición del Parlamento Andaluz para que ningún investigador o investigadora en fase inicial desempeñe su ocupación sin un contrato laboral. Ellos someten a la servidumbre al personal investigador en formación, sean socialistas o populares, sean vascos, catalanes o aragoneses, sean de una Comunidad o de otra. Eso ya poco importa. La clase política no es cómplice, son los que legislan, y por tanto, son los responsables directos. Los cómplices más bien creemos que hay que buscarlos en las aulas y en los rectorados. Todos estos factores, empiezan a de-mostrar aspectos propios de antiguos regímenes que se creían superados en nuestras «democracias».
La solución, decolonizar la investigación, va a ser nuestra tarea para el año siguiente. Vamos a re-interpretar la lucha de los precari@s desde otra perspectiva. Analizaremos nuevas formas de resistencia que se han considerado pasivas hasta la fecha. Y les daremos un giro revolucionario, transformador y activo que permitan extenderlas y multiplicarlas. Los movimientos de liberación de la mujer demostraron que es posible, siguiendo ciertas estrategias, arrancar y recuperar esta independencia económica. Nuestro deseo para este nuevo año es convertir a la precarizada o precarizado en una persona capaz de recuperar las riendas de su vida. En alguien actuando con firmes propósitos, capaz de comprender qué significa y qué consecuencias tiene ser explotado sin salario. Para ello, nuestro mejor arma no es más que el objeto de deseo de la ciencia colonial. A eso incitamos a la comunidad de precari@s: ¡a pensar! Las ideas serán bien recibidas en este Observatorio que no pretende reducirse a una Comunidad Autónoma. Empezar a llamar a las cosas por su nombre, señalar responsables y luchar es urgente. Muy urgente.
Porque lo que está en juego es nuestra libertad.
http://aragonmalinvestiga.blogspot.com
NOTAS:
[i] Walter MIGNOLO (comp.), Capitalismo y geopolítica del conocimiento. El eurocentrismo y la filosofía de la liberación en el debate intelectual contemporáneo, Buenos Aires, Del Signo, 2001.
[ii] Pierre BOURDIEU, El oficio de científico: ciencia de la ciencia y reflexividad, Barcelona, Anagrama, 2003.
[iii] Jacques MAILLARD, "Dans la recherche et l'Université: L'Attrition de la Recherche par la rémofrme," in Corinne ABENSOUR, Bernard SERGENT, Édith WOLF et Jean-Philipe TESTEFORT, De la destruction du savoir en temps de paix. École, Université, Patrimoine, Recherche, Paris, Mille et Une Nuits, 2007, p. 425.
11 dic 2009
Para cooperar hay que explotar y dar caridad
De nuevo la Cátedra de Cooperación al Desarrollo nos la ha jugado. Ha vuelto a redactar una, recién llamada, "ayuda a investigación personal," sin contrato ni seguridad social. Siguen sin reconocer que investigar es trabajar. Como cooperar también lo es.
Al parecer, no contentos con desoir todos los mensajes de ABIJIA (Asociación de Becarios de Investigación y Jóvenes Investigadores de Aragón) de las convocatorias precedentes, con no reunirse al margen de las declaraciones, ahora inventan ellos de nuevo.
En esta nueva convocatoria, no sólo siguen pidiendo experiencia laboral previa (para luego no basar la relación de forma laboral, sino caritativa), sino que se inventan la fórmula que les permita esquivar la ley (EPIF) denominándola "Ayuda para una investigación personal sobre Cooperación para el Desarrollo." Ahora ya no es una beca predoctoral, sino una "ayuda personal." Lo que nos faltaba por ver: una "ayuda" y encima "personal." De sobras saben que no es personal, sino laboral, y de bajo el nombre de "ayuda" se esconde el salario encubierto y la remuneración ilegal y socialmente irresponsable.
Deseamos que la persona ayudada resista con toda su energía a esta forma contemporánea de colonización del saber. La caridad y la explotación deben ser erradicadas y no tienen cabida en la Universidad, y menos bajo la rúbrica de la cooperación al desarrollo. ¿Así cooperan ustedes? Desde el Observatorio de la Investigación en Aragón les decimos al catedrático Sr. JOSÉ RICARDO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ y a sus secuaces:
¡ Basta de hipocresias y mentiras ! ¡ Así no se coopera ni se investiga !
Convocatoria, pasen y véanla en: http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=CONV&SEC=AYUDAS_PORTAL&FMT=CONVSUS2.fmt&DOCN=000006934
Al parecer, no contentos con desoir todos los mensajes de ABIJIA (Asociación de Becarios de Investigación y Jóvenes Investigadores de Aragón) de las convocatorias precedentes, con no reunirse al margen de las declaraciones, ahora inventan ellos de nuevo.
En esta nueva convocatoria, no sólo siguen pidiendo experiencia laboral previa (para luego no basar la relación de forma laboral, sino caritativa), sino que se inventan la fórmula que les permita esquivar la ley (EPIF) denominándola "Ayuda para una investigación personal sobre Cooperación para el Desarrollo." Ahora ya no es una beca predoctoral, sino una "ayuda personal." Lo que nos faltaba por ver: una "ayuda" y encima "personal." De sobras saben que no es personal, sino laboral, y de bajo el nombre de "ayuda" se esconde el salario encubierto y la remuneración ilegal y socialmente irresponsable.
Deseamos que la persona ayudada resista con toda su energía a esta forma contemporánea de colonización del saber. La caridad y la explotación deben ser erradicadas y no tienen cabida en la Universidad, y menos bajo la rúbrica de la cooperación al desarrollo. ¿Así cooperan ustedes? Desde el Observatorio de la Investigación en Aragón les decimos al catedrático Sr. JOSÉ RICARDO ÁLVAREZ DOMÍNGUEZ y a sus secuaces:
¡ Basta de hipocresias y mentiras ! ¡ Así no se coopera ni se investiga !
Convocatoria, pasen y véanla en: http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=CONV&SEC=AYUDAS_PORTAL&FMT=CONVSUS2.fmt&DOCN=000006934
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