
ABIJIA y el OBSERVATORIO DE LA INVESTIGACIÓN EN ARAGÓN apoyan esta proposición porque es de justicia.
Más información en: http://www.precarios.org/Proposicion+de+Ley+Andalucia
La responsabilidad del intelectual y del científico es un tema que ha estado siempre de actualidad desde que la ciencia forma parte de la manera de organizar y comprender el mundo. A ello se han dedicado una cantidad ingente de libros de filósofos, escritores, literatos, científicos, médicos, etc. Aunque no nos interesa adentrarnos en esto, ha de tenerse en cuenta que el científico es en sí mismo, y siempre ha sido, parte de una sociedad o grupo humano concreto. En su creatividad reposa ciertos aspectos de la vida de otros. Su quehacer influye por tanto, directa o indirectamente, en los otros humanos y otros organismos que necesita para vivir, aunque a esto no le dedique reflexión alguna.
La ciencia española actual adolece de una serie de problemas estructurales serios y graves que han de ser tenidos en cuenta en todos los grados de investigación distintos. Existe una masa ingente de investigadores e investigadoras precarias que se ven forzad@s, no sólo a investigar sino, también, a modificar las condiciones de investigación. Esta masa ingente de precarios y/o becarios están bajo la responsabilidad del profesorado universitario –lo que a menudo se echa al olvido– y de los organismos que financian la investigación, sean públicos o privados. Ni unos ni otros parecen sentirse preocupados –salvo excepciones notorias. Voilá la cruel realidad. El problema que se nos plantea es bien sencillo: se trata de saber cómo atajarlo, de qué manera colectiva o individual se puede acabar con este daño colateral al investigar. Negarse a dirigir una tesis sin posibilidades de financiación, sería, por ejemplo una buena manera de comenzar a preocuparse por ello. Pero se tiene miedo a que salga a la luz unos números tan escasos de investigación digna. Es una de nuestras vergüenzas mejor escondidas. También, ocupar con responsabilidad un cargo de presidente de una institución de investigación debería obligar a pensar en la situación sociolaboral del becario. Pero, sin embargo, la ausencia de responsabilidad es la norma. Dejar constancia de la precariedad laboral en cada obra publicada bajo esas condiciones, sería también una actitud responsable para con los becarios que la sufren y que casi nadie está al corriente. Pero esto no vende mucho.
Afortunadamente, las acciones colectivas de las víctimas del sistema para acabar con la investigación precarizada –ya que aporta suculentos beneficios económicos con sus respectivos e invisibilizados costes sociales– son numerosas en la actualidad. Sin embargo, a pesar de la organización colectiva en torno a
¿Existe otra oportunidad de acción distinta de la colectiva? Por supuesto, y no una, sino varias. Queremos reflexionar sobre la responsabilidad individual de que esto ocurra y se reproduzca una y mil veces. La mayoría de científicos e intelectuales han sido precarios alguna vez. El sistema se retroalimenta continuamente. Sin embargo, no todos ellos han trabajado bajo la responsabilidad de su director, quien también la niega o no la asume. Existen, al respecto excepciones. Unas, más célebres que otras. Recientemente se publicaba un artículo que hacía referencia a la condición de científico comprometido con sus pupilos de Juan Negrín. Éste dirigía a una serie de investigadores, entre ellos Severo Ochoa, Blas Cabrera, Grande Covián, Ramón Pérez-Cirera o José Miguel Sacristán. «Ante la falta de fondos para jóvenes licenciados que se iniciaban en la investigación, Negrín llegó a detraer una parte de su sueldo para compensarles».[2] Más tarde, durante el franquismo, el compromiso de muchos directores de investigación y/o de profesores universitarios fue también importante. Esto influyó en la configuración del movimiento estudiantil y, posteriormente, desembocó en la protesta de los profesores no numerarios.[3] Cuando este último colectivo se organizó lo hizo por sus condiciones de precariedad laboral. Se trataba de profesores contratados anualmente para impartir clases en institutos y en la universidad. Sin embargo estaban bajo control continuo y amenaza de despido ante cualquier acción subversiva, ya que «por su edad, su mentalidad y su precariedad laboral sintonizaban fácilmente con el alumnado, también radicalizado». A pesar del esfuerzo común, siguiendo con el análisis de Joan Estruch Tobella «esta lucha acarreó, hasta cierto punto, la conquista de una gran autonomía profesional en nombre de la democracia y la participación. Pero nadie quiso darse cuenta de que la autonomía profesional fácilmente puede transformarse en corporativismo, según las condiciones en que se utilice. La "endogamia" universitaria es un buen ejemplo de ello».[4]
Esta acción colectiva fruto de un sistema dictatorial no impidió que se diesen casos de lo que intentamos llamar responsabilidad individual en la investigación. Juan José Castillo es quizás uno de los ejemplos más claros. En la publicación de uno de sus libros de historia quiso dejar claro algunas condiciones externas a su investigación, al igual que ocurre hoy con algunos investigadores precarios que lo hacen visible en sus comunicaciones.
La historia de sus condiciones externas de investigación son las siguientes, y creemos que se trata de uno de los primeros libros que reflejaba todo lo que el lector no vé. El preámbulo decía lo siguiente:
«Quisiera, tan solo, en esta nota de bienvenida al lector darle algunas informaciones que le sirvan para situar el producto-libro que tiene en sus manos. Mis trabajos sobre catolicismo social y sindicalismo católico comenzaron en 1970, para preparar mi tesis doctoral en España, cosa que pensaba hacer sin prisa: tanto era lo que no nos habían enseñado en aquellos años de Universidad. […] Las necesidades burocráticas de
Eso no es todo. Ya que en el año 1977, la lucha que mantuvieron para acabar con la precariedad, y, de paso, con una dictadura universitaria, afectó a su investigación de alguna manera, desviando su tiempo y creatividad hacia aspectos descuidados en la actualidad por muchos profesores, evaluadores y técnicos de investigación de los organismos que prefieren la política de investigación low cost a cualquier precio.
«En el año 1977, los Profesores No Numerarios de Universidad (que somos más del 80 por 100 del total de profesores) mantuvimos una larga y dura huelga: cuatro meses en defensa del un salario mínimo de 40.000 pesetas, contratación laboral frente a la interinidad en que se nos mantiene con iguales derechos y consideración que los demás trabajadores, rechazo de las oposiciones por ser fórmula de reproducción del anquilosamiento universitario, y gestión democrática y autónoma. La cerrazón del Ministerio de Educación y Ciencia me llevó, junto a tantos compañeros, a consumir energías en coordinar, discutir, escribir sobre la nueva Universidad por la que luchamos, y tuvo como final –fracasada la huelga– una necesidad de reflexión que inspiró el trabajo que ahora tiene el lector entre las manos».
Desafortunadamente, el trabajo colectivo se fue echado al olvido ya en 1979, si atendemos a lo que él opina. Su responsabilidad individual le llevó, sin embargo, a querer dejar escrito que hay culpables de cierto estado de cosas:
«Hoy que es tiempo de olvidos quiero dejar escrito que hay culpables de que no hayamos podido investigar y enseñar más y mejor en
Finalmente ponía de relieve una pieza angular para comprender el por qué y cómo de las cosas en el sistema de investigación y de educación superior que heredamos de la dictadura. Se lamentaba, él, diciendo que «no parece que en los tiempos que corren permitan esperar una cosecha mínima de tanto trabajo y que el desguace de
[1]
[2] BARONA, Josep Lluis: « Juan Negrín, un científico en el frente político», Le Monde Diplomatique (versión española), nº149, marzo de 2008, p. 27. Remitimos a la bibliografía de este artículo para ampliar, así como a la obra de GIRAL, Francisco: Ciencia española en el Exilio (1939-1989): el exilio de los científicos españoles, Barcelona, Anthropos, 1994, para una continuación de estos científicos “becados y responsables” de Negrín.
[3] La bibliografía a este respecto es más numerosa (desde las protestas estudiantiles de
[4] ESTRUCH TOBELLA, Joan: «La promoción del 77: la trayectoria profesional del profesorado de
[5] Véase para estas cuatro últimas citas, CASTILLO, Juan José: Propietarios muy pobres: Sobre la subordinación política del pequeño campesino,
Existen becas que se acogen al Estatuto del Personal Investigador en Formación –consultar en este blog bajo la rúbrica de «EPIF». Estos investigadores tienen cubiertas las prestaciones sociales a las que todo trabajador «por cuenta ajena» –primera trampa– del Estado disfruta en condiciones de legalidad. Sin embargo, la misma Administración Pública tiene universitarios realizando actividades de investigación sin remuneración regulada –consultar término «ISRR» en http://www.precarios.org. Es decir, sin seguridad social ni ningún otro tipo de prestaciones sociales o sanitarias. En el mejor de los casos, poseen un seguro de salud como el de
Salvo excepciones, esos investigadores no trabajan para ningún centro que les otorgue un contrato, con lo que las «ayudas» pasan a ser la fuente principal de ingresos, salario –en el argot de otras profesiones–, durante el tiempo que dure esa actividad académica. Es más, instituciones como el IET o
La segunda desigualdad es propia del sistema de investigación, y, como veremos luego, cumple otra tarea concreta, mucho más sutil y disuasoria. Poseer una beca predoctoral da la posibilidad de acogerse a la categoría de beca de investigación «homologada». Lo que se traduce en una serie de prebendas económicas y académicas como bolsas de viaje para congresos y estancias de investigación. Incluso, la posibilidad de impartir cursos en
Este sistema de homologaciones, disparidad de becas y condiciones tan desventajosas y desiguales no tiene más que un principal objetivo: evitar los elevados costes económicos necesarios para poner en marcha una investigación en cantidad y calidad a la altura de las circunstancias, ya que, la investigacion, es cada vez más requerida por la sociedad actual. También, no olvidemos,
¿Parecía que la inseguridad laboral y social se quedaba sólo para pre-doctorales, es decir, aquellos que realizan una investigación en vistas a obtener un doctorado? O ¿para aquellos que solicitaban "ayuditas" a los Institutos de Estudios provinciales? Pues no, incluso un investigador doctor que es llamado a hacerlo en el extranjero se queda sin el contrato que tenía hasta que obtuvo al doctorado... vulgarmente como en la oca: ¡Vuelve a empezar! Señoras y señores, con todos ustedes, aquí tenemos un ejemplo que nos dice hasta donde se preocupa el Estado por
Basta con ser un cerebrito -perdon por la expresión-, decidir investigar en un centro extranjero y reclamar una beca post-doctoral para que el MEC, ¿ministerio de educación?, te otorgue caridad sin cotización alguna, perdiendo la antigüedad rapiñada de las luchas sin fin desde antes de este milenio y, todo ello, por supuesto, sin contrato... Vamos que si antes tuviste contrato por investigar, ahora "te dan unas pelillas..."
¡Menos mal que estamos organizados! (al final, en serio, pueden ver la información para apadrinar un investigador posdoctoral español en el extranjero):[Fuente: FJI] El próximo día 17 de abril tendra lugar el juicio contra el Ministerio de Educación y ciencia como consecuencia de la demanda interpuesta por 24 doctores en el extranjero. Precarios madrid y
¿Cuál es la situación actual? ¿Qué piden los demandantes?
Los Investigadores postdoctorales del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) en el extranjero son trabajadores que han obtenido el máximo titulo académico, con calificaciones de excelencia, destacando por su producción científica y que en la actualidad se encuentran investigando en centros de reconocido prestigio internacional El Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF, RD 63/2006) establece la obligación de contratar a los investigadores doctores; sin embargo, el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) no ha reconocido como trabajadores a aquellos investigadores postdoctorales en el extranjero ya que las convocatorias del 2005 y 2006 han sido pagadas mediante becas y no contratos, privándoles de los derechos mínimos e incuestionables que todo trabajador posee. En agosto de 2007 se reclamó a
Los demandantes consideran que este compromiso del MEC es insuficiente, puesto que no reconoce su antigüedad, y han decidido continuar con la demanda en reconocimiento de su antigüedad como trabajadores desde el día que se incorporaron como becarios o que entró en vigor el EPIF y no sólo desde el pasado uno de marzo, fecha en que fueron contratados. El juicio se celebrará el 17 de abril a las 9:30 en el Juzgado nº 33 de lo Social de Madrid.
Desde Precarios-Madrid y
Si consideras que esta situación es injusta:
- Únete a nosotros y acompáñanos en la concentración del 17 de abril a las 9 en la calle Hernani nº 59, frente al juzgado nº 33 de lo social de Madrid
-La demanda será muy costosa, infórmate sobre nuestra campaña "Apadrina un postdoc" http://www.precarios.org/apadrina
- Difunde la precariedad laboral que existe en la investigación, denunciando en tu entorno la situación actual, porque otra investigación es posible.


