La sospecha de becas
«a dedo» en el Instituto de Estudios Altoaragoneses y un análisis de los
beneficiarios apuntan a una forma de investigar particularmente corrupta del
régimen actual. El Observatorio de la Investigación en Aragón, o
AragonMalinvestiga, como se quiera, ha tenido información por dos fuentes
distintas de ciertas anomalías a la hora de otorgar unas becas de investigación
del IEA, costeadas con dinero público de la señora y señor contribuyentes. Dirigido
desde el año mil, o dos mil, por Fernando Alvira Banzo y allegados, ya que su
familia colabora estrechamente en muchas de sus actividades, deciden también en
este « Instituto » los políticos que gobiernan —pese a que ya no nos representen— en la Diputación de
Huesca. El objetivo es investigar lo que se dicta y forzar a la emigración y al
ostracismo al personal que no comulga con las ideas del poder.
Al margen de meras
coincidencias, parece ser que ciertas instituciones, universidades y/o centros
de «investigación» —a veces también muy estrechamente relacionadas con los
círculos de decisiones—, cuando presentan una candidatura obtendrían un especie
de «bloqueo», a diferencia de las personas científicas y mortales que no están
en su «circuito». Esto supondría, de confirmarse la noticia, otra forma de robo
al contribuyente más de los políticos y de sus lacayos de turno.
Además de este
«bloqueo» institucional, pseudo mafioso, las becas que otorga la institución
contienen más dudas a ojos de cualquier observación ciudadana que se practique
con un mínimo de ética. Según las bases, suelen tener prioridad aquellos
aspirantes «que no hayan obtenido ayudas en los últimos tres años». Sin
embargo, algunos investigadores han obtenido una ayuda de investigación en
2004, en 2008 y en 2010. Por otra parte, personas con un pasado político más
que evidente han sido también galardonadas con estas ayudas, lo cual representa
un conflicto de intereses más que evidente para los miembros del tribunal.
Y puestos a soñar,
otra evidencia más. En el consabido tribunal de resolución, donde los miembros
y miembras ejercen de sabios ad hominem —por
aquello de su arte de tener siempre la razón—, no participa ninguna persona que defienda los derechos de los
solicitantes, ninguna asociación, ni ningún sindicato que pueda formar parte en
esta toma de decisiones tan típica del régimen actual. Sabido es que estos
actores sociales no colaboran tan fácilmente con el poder. Y... ¿para qué?, se
preguntarían sus señorías en su día.
Por último, estas
becas suponen un verdadero ¡salario! para el personal investigador. El fraude a
la seguridad social consiste en no considerar que son trabajadores. ¡Pues lo
son! Como lo son los esclavos, los sin papeles y cualquier persona que se deja
la piel con su esfuerzo y sudor para sobrevivir.
Está visto que con
este régimen corrupto vamos directos hacia el pasado pero, al menos, el
personal científico que se indigne de ver semejante espectáculo podrá estar
seguro que su trabajo no ha sido juzgado en función de su calidad científica,
sino de prácticas que en nada se acercan a la justicia, a la democracia y a la
transparencia. Sólo luchando contra estas corruptelas impediremos que se
investigue lo que les conviene, lo que dicten y lo que les legitime. Cada día
estamos más cerca de crear nuestras universidades ciudadanas y nuestras formas
de financiación autogestionada y, cuando esté todo a punto, las mejores investigaciones,
así como el pasado corrupto de estos «Institutos» postfranquistas, quedará para
la posteridad escrito en blanco y negro.
Que nadie se espere
una ciencia al servicio del pueblo mientras los grupos políticos y la cúpula
directiva del Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) sigan decidiendo
juntos qué se investiga en Huesca. Toda
la puta vida ha sido así, pero en tiempos de crisis todavía duele más.